La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Precisamente por eso merece ser protegida. Pero también merece ser ejercida con responsabilidad.
En una sociedad basada en los derechos humanos, la libertad de expresión no puede convertirse en una coartada para difundir estigmas históricos que han servido durante décadas para justificar la discriminación y la violencia contra colectivos enteros.
El reciente titular de una columna publicada por El Mundo, que establece una asociación entre la homosexualidad, el Orgullo y la pedofilia, reabre una de las narrativas más dañinas y desacreditadas que ha sufrido históricamente el colectivo LGTBIQ+. No se trata de una simple opinión incómoda. Se trata de un marco discursivo que reproduce un estereotipo sin respaldo científico, jurídico ni estadístico y que, durante décadas, fue utilizado para legitimar persecuciones, despidos, exclusiones sociales e incluso encarcelamientos de personas por el mero hecho de ser homosexuales.
Orgullo pedófilo comunista y putañero socialista
✍️ La opinión de Federico Jiménez Losantos https://t.co/DW8DbHvXgq
— EL MUNDO (@elmundoes) July 6, 2026
La evidencia es clara. La orientación sexual no guarda relación alguna con la comisión de delitos contra menores. Las organizaciones internacionales, las principales asociaciones científicas y los organismos especializados en protección de la infancia llevan años desmontando este falso vínculo. Insistir en esa asociación no contribuye al debate público; contribuye a reforzar un prejuicio.
España dispone de uno de los marcos legales más avanzados en materia de igualdad y no discriminación. La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, protege expresamente frente a la discriminación por orientación sexual e identidad de género. A ello se suma la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que reconoce el deber de las instituciones de combatir la estigmatización y promover una representación respetuosa del colectivo.
En el ámbito penal, el artículo 510 del Código Penal sanciona determinadas conductas de incitación al odio, la discriminación o la violencia contra grupos protegidos. No toda opinión crítica constituye un delito, y esa distinción resulta esencial en una democracia. Corresponde a los tribunales determinar cuándo una expresión supera el umbral de la libertad de expresión para convertirse en una conducta jurídicamente sancionable. Sin embargo, incluso cuando un mensaje no alcanza ese umbral penal, ello no significa que sea socialmente inocuo ni éticamente aceptable.
Los medios de comunicación ocupan una posición de enorme influencia en la construcción del debate público. No son simples observadores de la realidad: contribuyen a moldearla. Cuando un periódico de gran difusión publica un titular que reactiva uno de los prejuicios históricos más dañinos contra una minoría, no puede ignorar el contexto social en el que ese mensaje será recibido.
En los últimos años, organizaciones LGTBI, instituciones públicas y organismos internacionales han alertado sobre el incremento de los discursos de odio y de las agresiones contra las personas LGTBIQ+ en España y en Europa. Durante el Orgullo de este año, numerosas entidades reclamaron un pacto de Estado frente al odio y denunciaron el impacto que determinados discursos tienen sobre la convivencia democrática.
La responsabilidad editorial no implica censura. Implica comprender que las palabras generan consecuencias. El periodismo tiene la obligación de fomentar el pensamiento crítico, contextualizar los hechos y distinguir entre información, opinión y desinformación. Un titular puede ser legal y, al mismo tiempo, profundamente irresponsable desde el punto de vista ético.
La historia ofrece demasiados ejemplos de cómo la deshumanización comienza con palabras aparentemente inofensivas. Antes de llegar a la discriminación institucional, casi siempre aparecen los estereotipos. Antes de la exclusión, llega la sospecha. Antes de la violencia física, suele instalarse una narrativa que presenta a un colectivo como una amenaza para el resto de la sociedad.
Asociar el Orgullo con la pedofilia no es una provocación intelectual; es la reactivación de un estigma que ha causado un enorme sufrimiento a millones de personas. Y cuando esa narrativa encuentra espacio en medios con gran capacidad de influencia, el debate deja de ser únicamente sobre libertad de expresión para convertirse también en una cuestión de responsabilidad democrática.
Una democracia madura protege el derecho a discrepar, incluso cuando las opiniones resultan incómodas. Pero también exige un compromiso firme con la verdad, la evidencia y la dignidad humana. Porque la libertad de expresión no pierde fuerza cuando se ejerce con responsabilidad; al contrario, es entonces cuando cumple plenamente su función democrática.
La verdadera pregunta no es si un medio puede publicar un titular así. La pregunta es mucho más profunda: ¿qué tipo de conversación pública queremos construir y qué responsabilidad asumen quienes tienen el poder de influir diariamente en millones de personas?
En tiempos de polarización, el periodismo no debería alimentar viejos prejuicios. Debería contribuir a desmontarlos.
