- Cinco empleados federales anónimos han llevado a los tribunales la exclusión de la atención de afirmación de género de sus seguros.
- La demanda sostiene que la política de la Oficina de Gestión de Personal discrimina por razón de sexo y vulnera el Título VII.
- Un estudio de UCLA calcula que al menos 39.400 personas trans están cubiertas por los programas afectados.
La cobertura trans para empleados federales ha llegado a un tribunal de Washington. Cinco trabajadores anónimos demandaron el 3 de agosto a la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos por excluir desde enero la atención de afirmación de género de los seguros federales y postales.
Una demanda colectiva contra una exclusión específica
La acción judicial se presentó como propuesta de demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El caso, Doe v. Kupor, sostiene que la política de la Office of Personnel Management, conocida por sus siglas OPM, constituye discriminación por razón de sexo.
Los planes federales cubren tratamientos como terapia hormonal, histerectomías y cirugía facial cuando se prescriben con otros fines médicos. Sin embargo, la política impugnada excluye esas mismas intervenciones cuando se utilizan para una transición de género. Esa diferencia de trato es el núcleo de la reclamación.
Los demandantes invocan el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación laboral por razón de sexo. La Human Rights Campaign Foundation y el despacho Correia & Puth participan en la representación legal del grupo.
La demanda judicial llega después de un recorrido administrativo. Los trabajadores presentaron una queja interna ante OPM el mismo día en que la exclusión entró en vigor. Ese paso era necesario antes de acudir a un tribunal federal.
Cinco identidades protegidas y una clase potencial
Los cinco demandantes aparecen bajo seudónimo para preservar su privacidad. La acción busca representar a otros empleados, exempleados, personas jubiladas y familiares dependientes afectados por las mismas condiciones de cobertura.
Reuters informó de que OPM no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Esa ausencia de respuesta debe distinguirse de una posición judicial: el Gobierno podrá contestar formalmente a las alegaciones durante la tramitación del caso.
Cuántas personas pueden resultar afectadas
El programa Federal Employees Health Benefits y el Postal Service Health Benefits cubren, en conjunto, a 8,3 millones de personas, entre trabajadores, jubilados y familiares. No existe un registro directo del número de personas trans dentro de esos planes.
Para estimarlo, el Williams Institute de la Facultad de Derecho de UCLA utilizó tres modelos independientes. El cálculo más conservador sitúa el mínimo en 39.400 personas trans, mientras que la estimación superior alcanza 57.800. El propio informe presenta 45.650 como una cifra intermedia inferior.
El primer modelo aplica estimaciones de población trans a las distintas categorías de afiliación. El segundo parte de datos sobre empleo federal, jubilación y participación en los seguros. El tercero utiliza información de la Encuesta Trans de Estados Unidos de 2022 y otras fuentes disponibles.
Los autores, Jody L. Herman y Elana Redfield, explican las limitaciones de cada aproximación. La edad de las personas dependientes, la proporción entre jubilados y familiares o la ausencia de datos actualizados sobre identidad de género pueden alterar el resultado. Por eso presentan un rango y no una cifra exacta.
Una política ampliada a todas las edades
El origen inmediato de la exclusión se encuentra en instrucciones emitidas por OPM durante 2025 para el año de cobertura 2026. Una orden ejecutiva de enero de 2025 se refería a la atención de personas menores de 19 años, pero una carta posterior de OPM amplió la exclusión a las personas afiliadas de todas las edades.
El cambio sustituyó el marco que regía desde 2015. La política de la etapa de Barack Obama permitía que los planes ofrecieran una cobertura al menos parcial. La nueva instrucción impide cubrir intervenciones de afirmación de género, aunque mantiene la cobertura de asesoramiento relacionado con la disforia de género.
La Human Rights Campaign sostiene que algunas personas afectadas han asumido gastos directos elevados, han pospuesto tratamientos o se han planteado dejar sus puestos. La demanda deberá demostrar ante el tribunal cómo opera la exclusión y por qué vulneraría la protección laboral invocada.
Qué está en juego en Doe v. Kupor
El litigio no pide al tribunal que determine si una intervención puede cubrirse en abstracto. La cuestión es más concreta: si el Gobierno puede excluir un tratamiento por su relación con la transición de género cuando el mismo plan lo cubre para otras indicaciones médicas.
La reclamación se desarrolla además en un entorno jurídico en movimiento. En 2020, el Tribunal Supremo estableció en el caso Bostock v. Clayton County que despedir a una persona por ser gay o trans vulnera la prohibición de discriminación sexual del Título VII. El alcance de esa protección en una prestación laboral como el seguro sanitario forma parte ahora de la disputa.
En marzo de 2026, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo mantuvo restricciones relacionadas con esta cobertura. La nueva demanda traslada el conflicto desde la vía administrativa a un juez federal.
El caso apenas comienza y todavía no existe una decisión sobre el fondo. Su relevancia, sin embargo, es inmediata: enfrenta una política general de la mayor administración pública del país con una protección federal contra la discriminación y afecta a decenas de miles de personas según la mejor estimación disponible.
