Creo que soy activista desde que nací.
No porque un día decidiera militar en una organización o participar en una manifestación, sino porque toda mi vida he tenido que reivindicar mi derecho a existir. He tenido que hacerlo para sobrevivir a la pobreza, para denunciar abusos sexuales, para defender mi dignidad cuando empecé a comprender que era homosexual y para enfrentar un mundo que constantemente me recordaba que había algo en mí que debía esconder, corregir o justificar.
Llevo más de veinte años haciendo activismo LGTBI en la calle, en asociaciones y dentro del ámbito deportivo. Y si algo me han enseñado los años, la experiencia y muchas horas de terapia, es que la lucha nunca es exclusivamente individual. Nos gusta pensar que somos personas autónomas que avanzan por mérito propio, pero la realidad es que nuestros derechos siempre han sido conquistas colectivas. Ninguno de los espacios que hoy ocupamos nos fue regalado. Fueron conquistados por personas que se organizaron, que se rebelaron y que asumieron riesgos para que las generaciones siguientes pudieran vivir un poco mejor.
Por eso me resulta imposible entender el discurso que insiste en que las personas LGTBI debemos ser apolíticas o apartidistas.
Las personas LGTBI hacemos política por el mero hecho de existir.
Nuestra existencia cuestiona estructuras que históricamente nos han marginado. Hacemos política cuando reclamamos igualdad ante la ley, cuando exigimos protección frente a los delitos de odio, cuando defendemos la educación en diversidad, cuando pedimos atención sanitaria digna o cuando denunciamos la discriminación laboral. Hacemos política porque hemos comprendido que el sistema no siempre nos ha protegido y que la única forma de transformarlo es organizándonos junto a otras personas que comparten nuestras experiencias y nuestras reivindicaciones.
Sin embargo, en los últimos años ha surgido una nueva corriente de pseudoactivismo construida desde la comodidad de determinados privilegios. Un activismo de escaparate, de fotografía, de marketing y de redes sociales. Un activismo que a menudo habla más de visibilidad individual que de transformación colectiva.
Es el activismo de quienes jamás tuvieron que enfrentarse a la exclusión social, a la precariedad, a la violencia familiar o a la discriminación estructural. De quienes pueden permitirse presentar la igualdad como una meta alcanzada porque nunca tuvieron que pelear por ella para sobrevivir.
Desde esos espacios privilegiados se cuestiona constantemente qué activismo es legítimo y cuál no. Se acusa de “politizar” nuestras reivindicaciones, como si los derechos humanos fueran una cuestión neutral. Se pide moderación a quienes todavía viven la discriminación en primera persona. Se exige silencio a quienes siguen siendo vulnerables.
Y mientras tanto, quienes más necesitan ser escuchadas vuelven a quedar relegadas.
Las personas trans. Las personas racializadas. Las personas empobrecidas. Las mujeres lesbianas y bisexuales. Las personas migrantes. Las personas mayores del colectivo.
Todas aquellas identidades que continúan soportando múltiples capas de discriminación mientras observan cómo determinados sectores pretenden convertir el activismo en una cuestión estética, desprovista de conflicto y de reivindicación.
Cuando eso ocurre, el espacio público vuelve a ser ocupado por quienes históricamente ya tenían voz: hombres, blancos, cisgénero, normativos y con acceso a posiciones de poder. Y entonces se produce una paradoja profundamente injusta: quienes menos han sufrido las consecuencias de la exclusión terminan cuestionando las vivencias y las necesidades de quienes siguen luchando cada día por ser reconocidas.
Por eso insisto: las personas LGTBI no podemos permitirnos el lujo de ser apolíticas.
Porque nuestra existencia es política. Porque nuestros derechos son políticos. Porque los discursos que buscan limitarnos son políticos. Porque las leyes que nos protegen o nos desprotegen son políticas. Porque cada avance que hemos conseguido ha sido fruto de decisiones políticas. Y porque cada retroceso que sufrimos también lo es.
La Comunitat Valenciana es un ejemplo evidente de esta realidad. Estamos viendo cómo determinadas fuerzas políticas convierten nuestras vidas en un campo de batalla ideológico. Cómo se cuestionan consensos democráticos que parecían consolidados. Cómo se atacan políticas de igualdad, espacios de diversidad y herramientas de protección frente a la discriminación.
Nuestra tierra se ha convertido en un laboratorio donde la ultraderecha mide hasta dónde puede avanzar en la erosión de derechos y libertades. No buscan debatir nuestra existencia. Buscan condicionar nuestras vidas. Buscan reducir nuestros espacios de representación. Buscan expulsarnos de los lugares donde se construye pensamiento crítico y ciudadanía.
Frente a eso, la neutralidad no existe. El silencio tampoco. Porque cuando los derechos humanos se ponen en cuestión, mantenerse al margen no es una posición neutral: es una forma de permitir que otros decidan por ti.
No podemos dejar que nos arrebaten aquello que nos hace reales, visibles y dignas: la palabra, la organización colectiva y la participación política.
Y sí, también debemos reconocer a quienes estuvieron antes. A quienes pusieron el cuerpo cuando hacerlo implicaba perder el trabajo, la familia o incluso la vida. A quienes conquistaron derechos que hoy algunos disfrutan mientras afirman que ya no hace falta luchar.
No nos tratéis de ingenuas. No nos subestiméis.
Sabemos perfectamente de dónde venimos y también sabemos identificar quiénes han estado al lado de nuestras reivindicaciones y quiénes han trabajado para frenarlas.
Porque la memoria también es política. Y porque la libertad de la que hoy disfrutamos no nació de la indiferencia, sino de la lucha colectiva y de partidos políticos que nos han acompañado.
Convendría reflexionar sobre ello.
