- El colectivo LGTBIAQ+ valenciano formaliza una queja telemática para que se investigue la ocultación deliberada del adelanto de los trabajos urbanísticos.
- Las obras afectaron directamente al 70% del itinerario y redujeron drásticamente el espacio de visibilidad para las más de 15.000 personas asistentes.
- Airto Granell denuncia la ruptura de los principios de buena administración y transparencia por parte del Ayuntamiento de València este 2026.
El conflicto político y legal en torno a la celebración del Orgullo en la capital del Turia ha alcanzado una nueva dimensión jurídica. El colectivo Lambda ha interpuesto esta mañana una denuncia formal por vía telemática ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. La entidad acusa formalmente al Ayuntamiento de València de vulnerar y limitar de forma efectiva el derecho de manifestación Orgull València, tras haber ocultado de manera sistemática el inicio de unas obras de gran envergadura en la calle Colón, arteria que concentra la práctica totalidad de la proyección pública de la marcha.
Una ocultación informativa que impidió buscar recorridos alternativos
El núcleo de la queja formal se centra en la total ausencia de transparencia demostrada por los servicios municipales. La movilización ciudadana, que según datos oficiales de la Delegación del Gobierno congrega anualmente a una horquilla de entre 15.000 y 20.000 personas, transcurrió por un entorno degradado que comprometió la seguridad. Lambda argumenta que la falta de avisos institucionales previos privó por completo a la organización de la capacidad técnica para evaluar itinerarios alternativos o diseñar planes de contingencia destinados a mitigar el impacto sobre el mensaje político de la marcha.
La gravedad de la situación radica en que el itinerario del Orgull se ha mantenido plenamente inalterado y consolidado de forma pacífica durante los últimos diez años. Para el tejido asociativo, resulta inadmisible que el consistorio ejecutara una modificación urbanística de este calibre en la vía principal sin activar los canales de comunicación tradicionales, rompiendo una dinámica de interlocución sectorial que se había desarrollado con total normalidad institucional durante más de una década en la ciudad.
El adelanto de las obras coincidió con la junta de seguridad
La cronología de los hechos aportada en el expediente de la denuncia penal y administrativa devela indicios claros de arbitrariedad. Las obras en la calzada de la calle Colón dieron comienzo de forma efectiva el lunes 15 de junio. Apenas tres días antes, el viernes 12 de junio, representantes técnicos de Lambda habían participado en una reunión de seguridad de carácter técnico en la sede de la Delegación del Gobierno junto a la delegada de la Comunitat Valenciana, el subdelegado provincial y mandos de la Policía Nacional y la Policía Local.
Durante esa sesión de coordinación obligatoria, los delegados del Ayuntamiento silenciaron por completo la intervención inminente en la vía pública. De forma paralela y ese mismo viernes 12 de junio, la alcaldesa de València compareció de forma pública para anunciar el adelanto inmediato de los trabajos en la calle Colón, un proyecto que según los documentos oficiales del propio consistorio fechados a 20 de febrero de 2026, estaba supeditado a la finalización previa de las obras de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta.
Rompiendo la interlocución por primera vez en once años
El coordinador general de Lambda, Airto Granell, ha calificado los hechos como un ataque directo a los canales democráticos de participación civil. El portavoz ha recordado que esta polémica descoordinación coincide de forma exacta con la decisión del Ayuntamiento de València de retirarse, por primera vez en once años, de las tareas organizativas y de soporte técnico del Orgull. La corporación local ha forzado al colectivo a asumir de forma unilateral toda la carga burocrática e interlocutora.
El escrito remitido al defensor del pueblo valenciano exige una evaluación rigurosa para determinar si la estrategia del gobierno municipal es compatible con los preceptos constitucionales de buena fe administrativa, coordinación entre instituciones, confianza legítima y transparencia pública. Lambda solicita que, una vez concluidas las diligencias de investigación oportunas, el Síndic emita las recomendaciones y advertencias legales correspondientes a las concejalías implicadas para impedir que se repitan estos escenarios de aislamiento a las minorías.
La libertad de manifestación va más allá de caminar por una acera
El impacto material de las obras supuso un perjuicio directo para la difusión de las demandas de la comunidad. Las vallas opacas de protección, los contenedores industriales y la maquinaria pesada redujeron notablemente el ancho de la calzada útil, invadieron los accesos peatonales y suprimieron por completo las zonas de acogida que la ciudadanía valenciana emplea tradicionalmente de forma masiva para arropar el despliegue de las carrozas y las pancartas reivindicativas.
Para la dirección de Lambda, la vulneración del derecho de manifestación Orgull València es evidente, puesto que la jurisprudencia determina que la libertad de reunión no se limita al simple tránsito físico por una calle, sino que exige salvaguardar el derecho a que el mensaje social sea visto, escuchado y recibido de forma digna por el tejido social. La entidad ha advertido de que la vía del Síndic de Greuges no agota el recorrido jurídico planificado, y que una vez se conozcan las conclusiones oficiales de la institución, el colectivo activará todas las medidas judiciales y administrativas necesarias para depurar las responsabilidades políticas pertinentes.
