Sabemos lo que puede pasar. Lo sabemos desde hace años, con datos, con campañas, con testimonios. Y aun así, el chemsex no deja de crecer. Solo en Madrid, entre 2017 y 2022 las personas atendidas por problemas asociados a esta práctica se multiplicaron por diez. Eso no es un dato aislado: es la prueba de que «informar del riesgo» no está funcionando como estrategia, al menos no por sí sola. Y creo que como comunidad tenemos que preguntarnos por qué, en lugar de repetir la misma advertencia una vez más.
Lo que ya sabemos sobre los riesgos
No hace falta insistir mucho en las cifras: en Madrid y Barcelona, entre el 9% y el 11% de los hombres que tienen sexo con hombres practica chemsex, según el estudio Homosalud de Stop Sida. Un estudio de 2024 publicado en Frontiers in Public Health encontró que casi el 18% de las personas encuestadas en España había sido diagnosticada con una infección de transmisión sexual en los seis meses previos. A esto se suman los riesgos de sobredosis, dependencia y, en los casos más graves, psicosis o ideación suicida asociadas al consumo intensivo de sustancias como el GHB o la metanfetamina.
Nadie que practique chemsex de forma habitual desconoce estos riesgos. Se hablan, se publican, aparecen en campañas de salud pública desde hace más de una década. Así que la pregunta que de verdad importa no es «¿se conocen los peligros?» —la respuesta es sí—, sino «¿por qué seguimos ahí de todos modos?».
Por qué persiste, aunque se conozcan los peligros
Aquí es donde creo que la conversación suele quedarse corta. Reducir el chemsex a una cuestión de falta de información es cómodo, pero no explica nada. Lo que las investigaciones y quienes trabajamos con esta comunidad venimos observando apunta a otra cosa: el chemsex no persiste por ignorancia, persiste porque cumple una función.
Para muchos hombres gais y bisexuales, décadas de estigma sobre la propia sexualidad dejan una huella real en la autoestima. Un contexto donde el deseo se satisface junto al consumo de sustancias puede funcionar, sin que nadie lo verbalice así, como una forma de desactivar ese rechazo interiorizado. A eso se suma el aislamiento: no todo el mundo tiene un entorno cercano donde compartir su sexualidad sin miedo, y las sesiones —lo que en España se conoce popularmente como «chills»— ofrecen una manera, aunque sea frágil, de sentirse parte de algo. El propio Plan Nacional sobre el Sida recoge este argot: chill, sesión, colocón, fiesta, vicio, son las palabras que la propia comunidad usa para nombrarlo. Y está la función más simple de todas: la evasión. Para quien arrastra estrés, ansiedad o una historia de rechazo, el chemsex puede operar como una salida de emergencia del mundo real, aunque sea a un coste altísimo.
Ninguna campaña que se limite a repetir «esto es peligroso» va a competir con eso. Si de verdad queremos reducir el daño, la prevención tiene que dejar de hablarle solo a la cabeza —»esto puede matarte»— y empezar a hablarle también a la razón por la que alguien vuelve, chill tras chill, a pesar de saberlo.
La pieza que suelo ver y que casi nadie nombra: lo digital
Desde mi trabajo en violencia digital, hay un factor que veo repetirse y que rara vez entra en esta conversación: las aplicaciones de citas y geolocalización no solo facilitan el acceso al chemsex, sino que se han convertido en parte de su infraestructura. No es solo que faciliten encontrar pareja sexual con quien montar un chill esa misma noche —eso ya cambió radicalmente la forma en que se accede a la práctica—; es que en esas mismas apps, se ha documentado con frecuencia la venta de sustancias, con perfiles que usan lenguaje en código (emojis de plantas, baterías, copos de nieve) para anunciar qué tienen disponible sin decirlo abiertamente. La geolocalización, que en origen sirve para encontrar pareja cerca de ti, funciona igual de bien para encontrar quién vende cerca de ti, o quién tiene un chill abierto ahora mismo a quince minutos.
Esa misma facilidad de acceso —sexo, sustancias y desconocidos, todo a un par de toques de distancia— es también lo que multiplica la vulnerabilidad digital: contacto con personas que no conoces de nada, sustancias que afectan al juicio, grabaciones que circulan con naturalidad entre quienes apenas se conocen. Cuando alguien pierde el control de lo que se grabó o con quién, queda expuesto a chantaje o sextorsión —conductas que el Código Penal castiga como extorsión o difusión no consentida de imágenes íntimas, aunque la ley siga sin usar esa palabra—. No lo traigo para desviar el foco del debate de fondo, sino porque es la parte que menos se nombra, y que a menudo golpea justo cuando la persona está más desprotegida: en medio de un chill, o al día siguiente, sin recordar del todo qué pasó.
El contraargumento que hay que reconocer
Sé que hay quien defiende que ya hacemos suficiente: existen campañas de reducción de daños, servicios de atención en Madrid y Barcelona, información accesible en webs especializadas. Y es cierto, esos recursos existen y salvan situaciones. Pero un recurso que solo informa del peligro, sin abordar por qué la persona sigue volviendo a esa práctica —ni la infraestructura digital que la sostiene—, llega tarde. La reducción de daños funciona cuando entiende la función que cumple el consumo, no solo cuando enumera sus consecuencias.
Lo que de verdad haría falta
Necesitamos una prevención que no trate a quien practica chemsex como alguien que «no se ha enterado», sino como alguien que probablemente sí se ha enterado, y que sigue ahí por razones que merecen escucharse antes que juzgarse. Eso significa formar a profesionales sanitarios y comunitarios para preguntar «¿qué te está dando esto?» antes que «¿sabes lo peligroso que es?». Y significa, también, incorporar por fin la parte digital a esa conversación —apps, chills, venta encubierta de sustancias, riesgo de chantaje— para que nadie descubra demasiado tarde que el riesgo no terminaba con la sustancia.
