Cada semana me llega algún caso parecido: alguien conoce a otra persona en una app de citas, comparte una imagen o un vídeo íntimo, y de un día para otro esa confianza se convierte en un arma en su contra. Llevo años trabajando como perito informático en violencia digital, y si hay un delito que veo crecer sin que la conversación pública lo acompañe al mismo ritmo, es la sextorsión. Y creo que dentro de nuestra comunidad tiene un componente que rara vez se nombra: no es solo dinero lo que estas personas amenazan con quitarte. Es tu armario.
Cómo opera: un patrón que se repite
La sextorsión no suele empezar como una amenaza. Empieza como una cita normal. El patrón está muy documentado: el agresor contacta —a menudo con un perfil falso—, genera confianza durante días o semanas, consigue contenido íntimo, y solo entonces llega la amenaza de difundirlo, seguida de una exigencia económica, de más contenido sexual, o de ambas cosas. En ocasiones ni siquiera hace falta que exista contenido real: con una sola imagen del rostro de la víctima ya es posible generar montajes que simulan escenas sexuales, y usarlos exactamente igual para chantajear.
En Estados Unidos, las denuncias de sextorsión gestionadas por el FBI y el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados se duplicaron entre 2019 y 2021, y solo en 2022 las autoridades de seguridad nacional recibieron más de 3.000 avisos relacionados con esta práctica. No tengo una cifra equivalente para España que pueda darte como definitiva —y no voy a inventarla—, pero el patrón que documentan abogados y fiscales especializados aquí es exactamente el mismo: contacto en una app de citas, confianza, contenido, amenaza, exigencia.
Por qué golpea distinto en nuestra comunidad
Aquí es donde quiero pararme, porque es la parte que menos se cuenta. En las apps de citas dirigidas al colectivo LGTBIQ+, la sextorsión no solo amenaza con exponer una imagen íntima: amenaza con exponer una orientación sexual o una identidad de género que la víctima puede no haber compartido con su familia, su entorno laboral o su círculo social. Fiscales que han llevado casos de este tipo en Estados Unidos lo explican con crudeza: quienes cometen sextorsión no eligen a sus víctimas al azar, eligen a quienes creen que tienen más motivos para quedarse callados. El miedo a ser forzado a salir del armario —el llamado «outing»— es precisamente esa palanca.
Eso explica algo que también veo constantemente en mi trabajo: la sextorsión es uno de los delitos con menor tasa de denuncia que existen. No porque las víctimas no sepan que es delito, sino porque denunciar implica, muchas veces, contarle a la policía, a un abogado o a un familiar algo que todavía no habían decidido contar. Y ese silencio es exactamente lo que el chantajista necesita para seguir operando, con esta víctima y con la siguiente.
Lo que sí existe: el marco legal en España
Quiero ser justo con algo que a veces se pasa por alto: España no tiene un vacío legal en esta materia. Cuando hay ánimo de lucro, la sextorsión se persigue como delito de extorsión, con penas de prisión de uno a cinco años. La difusión no consentida de contenido íntimo está tipificada de forma específica desde 2015, con penas de tres meses a un año de prisión o multa. Y en enero de 2026 el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley para endurecer el consentimiento sobre el uso de imágenes, voces y contenido generado con inteligencia artificial, en línea con la normativa europea que obligará a criminalizar los deepfakes sexuales no consentidos en todos los Estados miembros a partir de 2027.
El contraargumento que hay que reconocer
Con ese marco legal, es razonable pensar que el problema está resuelto sobre el papel, y que lo que falta es simplemente que la gente denuncie. Entiendo esa lectura. Pero la ley no protege a quien no se atreve a acudir a ella, y ese es justo el efecto que produce el miedo al outing: convierte un delito perseguible en un secreto que la víctima prefiere pagar antes que arriesgar. Mientras el sistema no entienda esa barrera específica, seguiremos teniendo una ley que funciona muy bien sobre el papel y muy poco en la práctica, precisamente con las víctimas que más protección necesitan.
Lo que de verdad haría falta
Necesitamos que las apps que usa nuestra comunidad —muchas de ellas sin verificación de perfil ni de edad— asuman su parte de responsabilidad en la prevención, no solo en la reacción. Y necesitamos protocolos de denuncia que entiendan que, para una víctima LGTBIQ+, «cuéntaselo a la policía» puede sonar tan amenazante como el propio chantaje si no hay garantías reales de confidencialidad y de trato sin prejuicios. Eso es exactamente lo que intentamos construir desde Rainbow E Safe: que nadie tenga que elegir entre pagar en silencio o salir del armario a la fuerza.
