Dos bomberos, una sospecha y muchas preguntas en el aire
El Departamento de Interior de la Generalitat ha abierto una investigación sobre dos bomberos —uno destinado en Badalona y otro en Vic— que habrían solicitado el cambio registral de sexo sin modificar ni su nombre ni su expresión de género. Según la consellera Núria Parlon, se trata de un posible “uso fraudulento” de la Ley Trans autonómica, y de confirmarse, podría abrir un debate incómodo pero necesario.
El objetivo de la ley, recordémoslo, es facilitar la autodeterminación de género y proteger los derechos de las personas trans, no convertirse en una herramienta para esquivar cuotas paritarias o beneficiarse de forma oportunista de políticas de igualdad.
¿Qué está haciendo Interior?
La investigación no se limita a estos dos casos. También se detectó una situación similar en el proceso de oposición a bombero, lo que motivó la modificación de las bases del concurso. Desde entonces, si hay sospecha de fraude de ley, la persona queda fuera del proceso. Así lo explicó Alba Alfageme, directora del Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales, quien subraya que trabajan para proteger el espíritu de la ley sin permitir su instrumentalización.
Además, se está estudiando cómo responder disciplinariamente ante situaciones similares y si es necesario ajustar el régimen interno del cuerpo de Bomberos.
¿Qué se considera fraude en este contexto?
El artículo 43 bis del Código Civil, modificado tras la aprobación de la Ley Trans estatal, permite el cambio de sexo legal sin requisitos médicos ni hormonales. Esta medida busca despatologizar las identidades trans. Pero ¿qué pasa cuando alguien usa esa posibilidad con intenciones que nada tienen que ver con la identidad de género?
Ese es el corazón del debate. ¿Cómo distinguir entre el respeto al derecho individual y el aprovechamiento interesado? ¿Y quién debe decidir eso?
El dilema de los grises
La noticia ha generado un revuelo importante. Desde Interior ya han enviado una circular al cuerpo de Bomberos mostrando su rechazo a cualquier “uso fraudulento” de la normativa. También han contactado con entidades sociales, Fiscalía y judicatura para abordar el tema de forma coordinada. “Necesitamos un frente común”, insistió Alfageme.
El mismo jueves en que salía a la luz esta información, el departamento tenía prevista una jornada formativa sobre diversidad LGTBIQ+. Y quizá sea eso lo que más necesitamos ahora: formación, contexto y muchas conversaciones pendientes.
¿Dónde trazamos la línea?
No podemos ignorar que este tipo de casos, aunque sean excepcionales, pueden ser utilizados por sectores que buscan debilitar los avances en derechos LGTBIQ+. ¿Se está poniendo en duda toda la ley por un par de supuestos fraudes? ¿O es legítimo abrir el debate sobre cómo blindarla mejor? Las respuestas no son sencillas, pero el peligro está en que lo anecdótico se convierta en munición para discursos de odio o retrocesos legislativos.
