La Ley Trans de la Comunitat Valenciana, aprobada en 2017 como una de las más avanzadas del Estado, está siendo desmantelada. La reciente alianza entre el Partido Popular y Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos ha traído consigo una enmienda a la Ley de Acompañamiento que reescribe partes clave del texto original, especialmente aquellas que protegían a las personas trans frente a las denominadas terapias de conversión.
Aunque estas prácticas estaban explícitamente prohibidas, ahora se matiza: solo lo estarán si implican una agresión. De lo contrario, se permitirá el “acompañamiento profesional” para modificar la identidad de género cuando la persona lo solicite de forma voluntaria. El cambio, aunque formulado con cierta ambigüedad, ha despertado una ola de críticas entre colectivos LGTBIQ+, juristas y profesionales de la salud.
Derechos de la infancia trans, en entredicho
Otra de las modificaciones más polémicas afecta directamente a menores trans. A partir de ahora, para acceder a tratamientos de afirmación de género será necesario un informe favorable de profesionales de salud mental. Además, madres y padres podrán oponerse al proceso y, en caso de conflicto judicial, podrán presentar informes privados que deberán ser considerados por el juzgado.
Esta medida plantea serias dudas sobre la autodeterminación de los menores y otorga a las familias un poder decisivo sobre sus identidades, algo que muchas voces consideran regresivo y peligroso.
Silencio sobre diversidad en las aulas
Las enmiendas también impactan el ámbito educativo. A partir de ahora, los centros no podrán incluir de forma específica la diversidad sexual y de género en sus proyectos pedagógicos. Se elimina, además, la obligación de prevenir la discriminación hacia personas trans en el entorno escolar.
Esta decisión preocupa especialmente a quienes ven en la educación una herramienta clave para la prevención de la LGTBIQfobia. Sin un marco normativo que ampare a les menores trans, ¿quién garantiza su seguridad en las aulas?
¿Protección o discriminación encubierta?
La nueva redacción de la ley también incluye un artículo que obliga a proteger la privacidad de menores no trans, en relación con las medidas adoptadas a favor de sus compañer@s trans. Se trata de un argumento recurrente en ciertos discursos políticos: la idea de que garantizar derechos a unos supone amenazar los de otros. Pero, ¿realmente proteger a un@ implica perjudicar a otr@?
Un frente de resistencia
Las reacciones no se han hecho esperar. Cristina Martínez, portavoz de LGTBI del PSPV-PSOE, advierte que con estas medidas «se ponen en juego derechos y vidas». Por su parte, desde Compromís ya trabajan en un recurso de inconstitucionalidad. Para su portavoz, Cesc Roig, esta maniobra es una «barbarie sin precedentes». Ambas formaciones se preparan para dar la batalla legal y política.
El Partido Popular, por su parte, defiende que las enmiendas buscan “clarificar” la situación de menores en procesos médicos y garantizar su “libre desarrollo personal”. No obstante, no han dado detalles concretos sobre su posición respecto a las terapias de conversión.
Un terreno resbaladizo para los derechos humanos
Aunque se argumenta que las terapias de conversión solo se permitirán de forma voluntaria, cabe preguntarse si realmente puede existir libertad en un contexto de presión social, familiar o religiosa. Además, este tipo de intervenciones están desaconsejadas por organismos como la ONU y la OMS, que las consideran una forma de violencia. ¿Puede el consentimiento justificar una práctica que vulnera la dignidad personal?
El futuro de la ley, pendiente del pleno
La enmienda aún debe ser aprobada en el pleno de Les Corts en los próximos días, dentro del paquete legislativo de los presupuestos para 2025. Lo que está en juego no es solo un texto legal, sino el modelo de convivencia y respeto que la Comunitat Valenciana quiere defender.
