- Las entidades sociales consideran que solo un Pacto de Estado garantiza una protección duradera frente a los cambios de gobierno.
- Este lunes 13 de abril arranca la negociación parlamentaria con críticas por la falta de presupuesto en el borrador actual.
- La alianza, liderada por la Federación Estatal LGTBI+, rechaza un «texto descafeinado» que no incluya a migrantes o personas con discapacidad.
El Pacto Social contra los discursos de odio ha reclamado este lunes, 13 de abril, que la protección de los grupos vulnerables se consolide mediante un Pacto de Estado frente al odio. Las organizaciones impulsoras, lideradas por la Federación Estatal LGTBI+, advierten que esta es la única herramienta jurídica capaz de trascender los ciclos electorales y garantizar la seguridad de millones de personas de forma estable.
Un blindaje jurídico frente a la alternancia política
La alianza de organizaciones subraya que la denominación de «Pacto de Estado» no es un capricho semántico, sino una necesidad estructural. Según las entidades, este instrumento es el único que permite establecer protocolos específicos de protección, definir tipos penales claros en el Código Penal y asegurar recursos suficientes que no dependan del color político del gobierno de turno.
Para los sindicatos y ONGs firmantes, cualquier otra figura jurídica resultaría insuficiente. Insisten en que se necesitan medidas que no puedan ser derogadas fácilmente en la próxima legislatura, protegiendo así a las víctimas de los intereses individuales y partidistas del momento político.
Críticas al borrador: falta de presupuesto y exclusiones
Tras analizar el informe de conclusiones del texto preliminar, el Pacto Social ha mostrado su firme rechazo a lo que consideran una «propuesta frágil». Entre las principales carencias detectadas destaca la ausencia de una partida presupuestaria asignada, lo que convertiría las medidas en papel mojado al no poder ejecutarse de manera efectiva.
Además, el texto actual deja fuera a colectivos clave. Las organizaciones denuncian que no se menciona la inclusión de personas con discapacidad, la accesibilidad universal de las medidas ni acciones específicas para la integración de personas migrantes, quienes son blanco constante de los discursos de odio en la actualidad.
La negociación parlamentaria que comienza hoy cuenta con el respaldo de una coalición masiva de la sociedad civil. Entre las entidades impulsoras se encuentran la Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA y el Consejo de la Juventud de España. También se suman organizaciones de calado como Red Acoge, CEAR, HOGAR SÍ, Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón y los sindicatos CCOO y UGT.
Estas entidades han sido tajantes: no realizarán aportaciones a un texto que no aspire a ser un Pacto de Estado. Consideran que rebajar las pretensiones de este documento sería una oportunidad perdida que volvería a dejar expuestos a los grupos más vulnerables ante el auge de la intolerancia.
