La capital húngara acoge una de las marchas LGTBIQ+ más significativas de Europa… pese a la prohibición oficial
A pesar del veto impuesto por la policía y las amenazas legales del Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán, Budapest se prepara este 28 de junio para celebrar el Orgullo LGTBIQ+. No será una manifestación cualquiera. Este año, la marcha reivindicativa cumple 30 ediciones en un clima de represión creciente hacia la diversidad sexual y de género en Hungría.
La polémica comenzó el 19 de junio, cuando las autoridades prohibieron oficialmente el evento, amparándose en una reforma legislativa que veta cualquier acto público que “promueva o exhiba” la homosexualidad o el cambio de sexo ante menores. Sin embargo, el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, ha desafiado la medida y ha ofrecido respaldo institucional a la marcha, declarándola parte de una celebración municipal.
“El Orgullo no necesita autorización, es un evento de la ciudad”, ha dicho Karácsony, quien ha recuperado la antigua Fiesta de la Libertad (que conmemora la salida de las tropas soviéticas en 1989) como marco simbólico para el desfile de este año.
Una celebración que es también un acto de resistencia
La organización civil Budapest Pride, encargada del evento desde hace tres décadas, espera reunir a unas 35.000 personas. Si se confirma, será la mayor participación de la historia del Orgullo en Hungría. Desde su creación, la marcha ha evolucionado en respuesta a los vaivenes políticos del país, pero en los últimos años, la presión desde el Ejecutivo de Orbán se ha intensificado.
Entre las figuras que se sumarán a la manifestación figuran ministros de distintos países europeos, incluyendo tres miembros del Gobierno español: Yolanda Díaz, Ana Redondo y Ernest Urtasun. También viajarán a Budapest la exalcaldesa Ada Colau, eurodiputades, representantes de ONG y activistas de toda Europa.
¿Qué dice Europa ante esto?
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido clara en su mensaje:
“Marchar por tus derechos es una libertad fundamental. Para la comunidad LGTBIQ+ de Hungría y del mundo, siempre seré su aliada”.
Su posicionamiento ha generado una respuesta airada por parte de Orbán, quien acusa a Bruselas de injerencia y defiende que la seguridad interna es competencia exclusiva del Estado húngaro. Según su ministro de Justicia, organizar o participar en esta “reunión prohibida” podría conllevar hasta un año de prisión. La policía ha advertido que utilizará reconocimiento facial para identificar a les asistentes.
A pesar de las amenazas, el propio Orbán ha asegurado desde Bruselas que no se recurrirá a la violencia:
“Hungría es un país civilizado. No nos hacemos daño unos a otros”.
Una marcha encerrada no es Orgullo
El Gobierno húngaro llegó a proponer que el evento se trasladara a un lugar cerrado —como un estadio o un hipódromo— para evitar la supuesta exposición a menores. La propuesta fue rechazada tanto por el Ayuntamiento como por les organizadores, quienes insisten en que el verdadero debate no es el lugar, sino el derecho a existir en el espacio público sin censura ni estigmas.
El portavoz gubernamental, Zoltán Kovacs, ha acusado al movimiento de buscar la “confrontación”, mientras que desde colectivos como Podemos y Sumar se denuncia abiertamente la estrategia represiva del Gobierno de Orbán y su marco legal discriminatorio.
¿Dónde empieza la protección y dónde acaba la censura?
La normativa invocada por las autoridades para justificar la prohibición se basa en un paquete legislativo aprobado en 2021 que impide la “promoción” de la homosexualidad o el cambio de sexo ante menores de 18 años. Sus defensores dicen que busca “proteger a la infancia”, pero muches critican que en realidad se trata de una ley mordaza contra la diversidad. ¿Proteger o silenciar? ¿De verdad se puede esconder la existencia de las personas LGTBIQ+?
Perspectivas críticas: ¿está Europa haciendo lo suficiente?
Aunque la Comisión Europea ha mostrado su apoyo, y varios líderes han viajado a Budapest, la Unión Europea sigue sin aplicar sanciones efectivas contra la deriva autoritaria del gobierno húngaro. Los mecanismos de control han demostrado ser lentos y limitados. ¿Sirve de algo la presión diplomática si no va acompañada de acciones concretas? ¿Y qué pasa con les ciudadanes que no pueden viajar a Bruselas o salir a manifestarse? ¿Quién protege su voz?
