El Ayuntamiento bloquea ocho propuestas clave para los derechos del colectivo
Esta semana, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado, con los votos en contra del Partido Popular y Vox, ocho medidas presentadas por el PSOE y Más Madrid en favor de la comunidad LGTBIQ+. Las iniciativas, divididas en dos bloques, incluían desde la conmemoración del 20º aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario hasta el refuerzo de los servicios de atención a víctimas de lgtbifobia.
También se proponía solicitar a la Comunidad de Madrid la retirada de la Medalla Internacional al presidente argentino Javier Milei, debido a declaraciones que muchas voces del colectivo consideran ofensivas y estigmatizantes.
La bandera que no ondeó en Cibeles
Entre los puntos más simbólicos, uno de los más debatidos fue la petición de colgar la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles durante las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ en 2025. La propuesta no prosperó. La escena se tornó tensa cuando la edil socialista María Caso desplegó una bandera en su escaño, mientras representantes de Vox respondían con enseñas nacionales en los suyos.
Aunque la colocación de la bandera no afecta directamente a derechos legislativos, el gesto habría supuesto un respaldo institucional importante. ¿Hasta qué punto los símbolos importan? ¿Son suficientes para promover una cultura de respeto y diversidad?
Más Madrid y PSOE: derechos, memoria y protección
Las iniciativas de ambos grupos incluían medidas prácticas y con fuerte carga simbólica. Más Madrid solicitó ampliar el servicio municipal de apoyo psicológico y jurídico para víctimas de agresiones por LGTBIfobia, así como posicionarse en contra de las políticas represivas del Gobierno de Hungría. También instaron a tipificar penalmente las pseudoterapias de conversión.
Por su parte, el PSOE pidió un acto institucional con presencia del alcalde para recordar dos décadas desde la aprobación del matrimonio igualitario en España. Además, propuso una estrategia municipal contra los discursos de odio y la retirada del reconocimiento a Milei por comentarios que, según María Caso, equiparan homosexualidad con pedofilia.
Las respuestas del Gobierno municipal: entre avances y omisiones
El delegado de Políticas Sociales, José Fernández, respondió que Madrid es “una ciudad abierta y comprometida con la diversidad” y recordó que el actual servicio de atención a víctimas fue impulsado por el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Añadió que se está trabajando en un observatorio municipal contra la LGTBIfobia.
Sin embargo, ni él ni su grupo político apoyaron la inclusión de ninguna de las medidas propuestas. ¿Es compatible afirmar un compromiso con los derechos LGTBIQ+ mientras se vota en contra de propuestas concretas para protegerlos o visibilizarlos?
La ultraderecha y el negacionismo del odio
Desde Vox, la concejala Carla Toscano acusó a la izquierda de “buscar privilegios para su lobby” y afirmó que la bandera LGTBI representa “autoritarismo” y “corrupción de menores”. También cuestionó que alguien que rechace la homosexualidad sea automáticamente señalado por discurso de odio.
Estas declaraciones provocaron la inmediata respuesta de Caso, quien recordó el asesinato de Samuel Luiz en Galicia y subrayó que “no es cuestión de gustos”, sino de violencia estructural. “Frente al odio, no cabe la neutralidad”, sentenció.
¿Una ciudad que avanza o se estanca?
Más allá de las palabras, lo que preocupa es el mensaje político que se lanza desde el Ayuntamiento: ¿está Madrid reculando en su compromiso con la diversidad? ¿O simplemente está en juego la forma de expresar ese apoyo? Aunque las instituciones aseguren su respaldo a los derechos LGTBIQ+, lo cierto es que cuando llega la hora de actuar, las decisiones pesan más que los discursos.
📌 Una mirada crítica: ¿Qué hay detrás del rechazo?
Aunque muchas de las medidas rechazadas eran de corte simbólico o fácilmente aplicables, el hecho de que se desecharan en bloque despierta dudas. ¿Se trata de una cuestión ideológica, de estrategia partidista o de cálculo electoral? También podría hablarse de una falta de voluntad real para blindar derechos que aún hoy se ven amenazados. Incluso iniciativas tan concretas como reforzar un servicio de atención a víctimas parecen haber quedado atrapadas en el ruido político.
