Este lunes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió renovar el mandato del experto independiente en protección de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+. Con 29 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, se garantiza así que, al menos durante tres años más, habrá una figura dedicada a documentar abusos y promover el diálogo con los Estados en temas de diversidad sexual y de género.
La continuidad de este mandato, actualmente en manos del académico sudafricano Graeme Reid, fue recibida con alivio por activistas y organizaciones que ven en esta figura una herramienta clave frente a los retrocesos globales en materia de derechos humanos. Desde su rol, Reid no solo recoge denuncias, sino que actúa como puente entre la sociedad civil y los gobiernos, en contextos donde las voces disidentes muchas veces son silenciadas.
¿Quiénes apoyaron y quiénes se opusieron?
El resultado del voto refleja una geopolítica desigual en torno a los derechos LGTBIQ+. Países como Chile, Alemania, Kenia y la propia Sudáfrica respaldaron la medida. Sin embargo, varias naciones africanas, junto con Qatar y otros miembros del bloque musulmán OIC, se manifestaron en contra. ¿La razón? Consideran que el mandato promueve «visiones controvertidas».
Esta divergencia no es nueva, pero sí preocupante. El creciente peso de voces conservadoras en foros internacionales ha generado tensión entre los derechos humanos universales y las posturas culturales o religiosas que los ponen en entredicho.
La ausencia de Estados Unidos: ¿un giro preocupante?
Uno de los grandes ausentes en este proceso fue Estados Unidos, país que en años recientes había sido un aliado clave para la causa LGTBIQ+ en la ONU. La retirada de Washington del Consejo durante la presidencia de Donald Trump, argumentando un supuesto sesgo antisemita, marcó un punto de inflexión.
Si bien el gobierno de Joe Biden retomó una agenda más inclusiva en su primer mandato, la vuelta de Trump al poder en enero ha supuesto un giro radical. Desde entonces, se han firmado órdenes ejecutivas que limitan derechos de las personas trans y desmantelan políticas de inclusión y diversidad en el sector público y privado.
Desde su administración aseguran que estas medidas buscan «restaurar la equidad». Sin embargo, tanto organizaciones civiles como activistas lo ven como un retroceso que deja a los grupos históricamente marginados aún más expuestos.
Voces desde la comunidad: un respiro en medio de la tormenta
«La renovación de este mandato es una chispa de esperanza en un momento en que fuerzas reaccionarias en todo el mundo intentan desmantelar avances por los que nuestras comunidades han luchado tanto», expresó Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA World. Sus palabras resumen el sentir de gran parte del movimiento internacional por los derechos LGTBIQ+: la sensación de estar bajo amenaza, pero sin rendirse.
Pero… ¿hasta qué punto es efectivo este mandato?
Aunque la renovación es, sin duda, una buena noticia, no todas las voces son optimistas. Algunas organizaciones critican la limitada capacidad real del mandato para generar cambios concretos en los países que más vulneran los derechos LGTBIQ+. Además, hay quienes cuestionan el uso político que algunas potencias hacen de estas causas, utilizándolas como arma diplomática mientras mantienen alianzas con regímenes opresores. ¿Es realmente un avance o solo un gesto simbólico? ¿Hasta cuándo se podrán mantener estos compromisos sin un respaldo global más sólido?
La decisión del Consejo de Derechos Humanos es, en apariencia, una victoria. Pero también es una llamada de atención: los derechos no se mantienen por inercia. Se defienden cada día, frente a retrocesos, discursos de odio y silencios cómplices. Hoy más que nunca, es clave que la comunidad internacional —y cada une de nosotres— siga vigilante, informade y activamente comprometide.
