El Supremo británico limita la definición de “mujer” al sexo biológico y deja fuera a las personas trans en políticas de igualdad
Una decisión judicial que ya genera controversia. El Tribunal Supremo del Reino Unido dictó este miércoles que, en el marco de la Ley de Igualdad de 2010, el término “mujer” debe entenderse únicamente en función del sexo asignado al nacer, dejando fuera a mujeres trans, incluso aquellas que cuentan con un certificado legal de reasignación de género.
El fallo, unánime, responde a una batalla legal de varios años impulsada por la organización For Women Scotland, que cuestionó la política del Gobierno escocés de incluir a mujeres trans en medidas para promover la igualdad de género.
¿Qué implica esta decisión?
La sentencia establece que, legalmente, los conceptos de “sexo” y “mujer” solo hacen referencia a características biológicas. Esta interpretación tiene consecuencias directas sobre cuestiones tan diversas como:
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La representación en espacios públicos.
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Las cuotas de género en cargos de liderazgo.
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El acceso a instalaciones segregadas por sexo (como baños o vestuarios).
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El deporte competitivo, la salud reproductiva o las políticas de igualdad salarial.
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Desde For Women Scotland celebraron la sentencia en las afueras del Supremo, asegurando que reafirma los derechos “de las mujeres nacidas como mujeres”. Algunas de sus portavoces pidieron al Gobierno escocés que deje de aplicar “directrices erróneas” en espacios públicos, como hospitales o centros educativos.
¿Y los derechos trans?
Aunque el fallo parece inclinar la balanza hacia una visión biológica del género, los jueces recordaron que la Ley de Igualdad británica también reconoce a las personas trans como un grupo protegido frente a la discriminación y el acoso. Es decir: la protección existe, pero no bajo la categoría legal de “mujer”.
El tribunal aclaró que tener un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG) no modifica automáticamente el estatus legal bajo esta ley específica. Esto contradice la interpretación del Gobierno escocés, que incluía a mujeres trans en sus políticas de igualdad, tratándolas como parte integral del grupo femenino.
Reacciones políticas y sociales
La presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC) respaldó la decisión, argumentando que aporta claridad sobre cómo proteger espacios diferenciados por sexo. El Gobierno británico también apoyó el fallo, subrayando su compromiso con la protección “de los espacios seguros para mujeres”.
En contraste, Kemi Badenoch, ministra de Igualdad del Partido Conservador, fue más tajante: “Decir que las mujeres trans son mujeres nunca fue cierto ni lo es en la ley”, aseguró.
La escritora J.K. Rowling, una de las voces más visibles (y polémicas) en este debate, no tardó en pronunciarse. Desde su residencia en Escocia, celebró el fallo como una “victoria para las mujeres y las niñas” y reconoció haber donado 70.000 libras para apoyar el recurso judicial.
¿Una victoria de derechos o un retroceso en inclusión?
Aunque el fallo se presenta como una clarificación legal, muchas organizaciones LGTBIQ+ advierten de su posible impacto negativo. La exclusión de las mujeres trans de políticas públicas puede suponer barreras adicionales en su acceso a derechos, seguridad y representación.
¿Estamos ante un caso de defensa legítima de espacios seguros o frente a un nuevo retroceso en la protección de la diversidad de género? La pregunta no es menor, especialmente cuando la identidad y los derechos entran en tensión dentro del marco legal.
Es legítimo preguntarse si decisiones como esta abren la puerta a una mayor discriminación, aunque se hagan en nombre de la “precisión legal”. ¿Qué sucede cuando la ley protege, pero no reconoce? ¿Y hasta qué punto una definición rígida del género refleja la complejidad de las experiencias humanas?
