Hoy ponemos el foco en un asunto de gran relevancia para la comunidad LGTBIQ+ y el marco legal español. La Fiscalía Provincial de Madrid ha iniciado una investigación preprocesal contra el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, por la posible comisión de delitos de odio y discriminación. El origen de estas diligencias es una denuncia interpuesta por una plataforma ciudadana a raíz de las manifestaciones públicas del religioso en defensa, presuntamente, de las terapias de conversión para personas homosexuales.
Entendemos que, en un tema tan sensible, es fundamental ofrecer un relato que aborde las distintas aristas de la controversia.
El Origen de la Denuncia Ciudadana
La acción legal parte de la plataforma ciudadana «Tu pueblo y el mío», que presentó el caso ante el Ministerio Público. La denuncia se centra en unas declaraciones realizadas por el obispo Munilla el 3 de mayo de 2024, durante un programa de la emisora Radio María.
Según la plataforma, el obispo sugirió que existe una amenaza hacia profesionales de la psicología que acompañan a personas con «inclinaciones homosexuales» con la intención de «reencauzar» sus atracciones. Él mismo definió el concepto que considera criminalizado: «Se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento a una persona para intentar que sus heridas interiores sean acompañadas y pueda vivir la virtud de la castidad como todo cristiano.»
Para la entidad denunciante, estas afirmaciones suponen un discurso de odio y una lesión directa a la dignidad de las personas LGTBIQ+, al equiparar la orientación sexual no heterosexual con una «herida interior» que debe ser «reencauzada» a través de la castidad.
La Respuesta del Prelado: ¿Amedrentamiento o Crítica Legítima?
El obispo José Ignacio Munilla, utilizando su perfil en la red social X (anteriormente Twitter), ha expresado su postura y defensa ante la investigación. En su opinión, el proceso judicial carece de «recorrido alguno» y tiene una intención clara: «Solo persigue amedrentar a la Iglesia para que no se atreva a predicar la Buena Nueva del amor cristiano, para así intentar imponer al conjunto de la sociedad una ‘antropología de Estado’ basada en la ‘teoría gender-LGTBI’.»
El religioso ha negado haber dirigido críticas a los colectivos LGTBIQ+, afirmando que su censura se dirige exclusivamente a la ley española que prohíbe y penaliza las llamadas «terapias de conversión». Munilla ha planteado un debate sobre la libertad de expresión, cuestionando si criticar al Gobierno y sus leyes constituye un delito, e incluso ha preguntado si, de ser así, no deberían ser denunciados también los parlamentarios que votaron en contra de dicha norma.
Además, el obispo ha insistido en la labor de la Iglesia, asegurando que seguirán «acompañando» a las personas con «inclinaciones homosexuales» que, según sus palabras, «nos pidan libremente ayuda espiritual para vivir en castidad».
El Debate Central: Sanación versus Libertad y Dignidad
La clave de este debate radica en la tensión entre la legislación que busca proteger a la comunidad LGTBIQ+ de prácticas dañinas, como las terapias de conversión —cuyo carácter pseudocientífico y perjudicial ha sido ampliamente documentado—, y la defensa de la libertad religiosa y la labor pastoral.
La Fiscalía de Madrid asume ahora la competencia territorial, al ser la capital la sede de la emisora desde donde se difundieron las palabras del obispo. Las diligencias abiertas son una fase inicial para determinar si las declaraciones tienen la trascendencia jurídico-penal necesaria para constituir un delito de odio o discriminación.
Le lectore, en este punto, la reflexión es inevitable: ¿Cómo debe el Estado, a través de sus instituciones judiciales, equilibrar la protección de la dignidad de colectivos vulnerables con el derecho a la libertad de expresión y de culto? ¿Existe una línea clara entre la crítica a una ley y la promoción de un discurso que atenta contra los derechos fundamentales? Es un debate que trasciende lo legal para adentrarse en los valores que cimentan nuestra sociedad.
