El derecho al matrimonio igualitario en Estados Unidos, que parecía un logro ya consolidado desde 2015, vuelve a estar bajo los focos. Todo por la apelación de Kim Davis, exfuncionaria en Kentucky que hace una década se negó a otorgar licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo. Su caso llegará este otoño al Tribunal Supremo y podría reabrir un debate que se creía cerrado.
Un caso que no pasa desapercibido
Davis fue multada con más de 360.000 dólares y pasó seis días en prisión por desacato. Para ella, su negativa estaba amparada por la Primera Enmienda, que protege la libertad religiosa. Sus abogados aseguran que la sentencia de 2015 —el histórico Obergefell v. Hodges, que reconoció el derecho al matrimonio igualitario— fue “jurídicamente errónea” y debería revisarse.
Lo que más preocupa es el escenario actual: el Supremo ya no es el mismo que en 2015. Ahora cuenta con una clara mayoría conservadora (6 frente a 3 jueces liberales), en parte gracias a los nombramientos de Donald Trump. Y la experiencia con Roe vs. Wade, el fallo que garantizaba el derecho al aborto y fue revertido en 2022, no ayuda a calmar los temores.
La ofensiva contra los derechos LGTBIQ+
El caso de Davis llega en un momento de retroceso legislativo en varios estados. Nueve legislaturas han impulsado este año iniciativas que buscan limitar o incluso eliminar el matrimonio igualitario en sus territorios. El suyo se convierte, así, en el primer recurso serio en llegar al Supremo desde 2015 con la intención directa de revertir Obergefell.
Sin embargo, tribunales inferiores ya han dejado claro que la libertad religiosa no exime a un funcionario de cumplir la ley. En otras palabras: Davis no actuaba como ciudadana privada, sino como representante del Estado.
¿Qué papel juega Trump?
La posición de Donald Trump en este tema siempre ha sido ambigua. A lo largo de los años, ha pasado de apoyar uniones civiles a rechazar directamente el matrimonio igualitario, para después decir que lo aceptaba como “hecho consumado”. Aun así, sus nombramientos judiciales han fortalecido el bloque conservador y, de forma indirecta, han dado más fuerza a quienes buscan revertir derechos ya reconocidos.
¿Un escenario como Roe vs. Wade?
Las comparaciones son inevitables. En ambos casos, hablamos de derechos reconocidos por el Supremo a través de interpretaciones constitucionales amplias. Si se repitiera el guion del aborto, el matrimonio igualitario no desaparecería de un día para otro, pero sí quedaría en manos de cada estado. Esto abriría una grieta enorme: casarse en Nueva York sería posible, pero no en Texas, por ejemplo.
Probabilidades y realidades
La mayoría de expertos cree que una revocación inmediata es poco probable. La doctrina del stare decisis (respeto a los precedentes) sigue siendo un freno importante, y muchas leyes estatales y federales ya reconocen la igualdad matrimonial. Además, la Ley de Respeto por el Matrimonio de 2022 obliga a todos los estados a reconocer los matrimonios celebrados legalmente en cualquier lugar del país.
Aun así, la preocupación existe: el Supremo podría sentar nuevas bases legales que, sin eliminar el derecho ahora mismo, faciliten futuros ataques.
Según Gallup, el apoyo al matrimonio igualitario se mantiene en torno al 70% de la población. Es una cifra alta, pero el crecimiento se ha estancado en los últimos años. Esa estabilidad puede interpretarse de muchas maneras: ¿es un consenso sólido o una señal de que los sectores conservadores tienen margen para impulsar retrocesos sin perder demasiado capital político?
Algunxs analistas advierten que casos como el de Kim Davis no son solo cuestiones de fe o de derechos, sino también instrumentos políticos. Reabrir este debate puede servir a ciertos sectores para movilizar a sus bases, distraer de otros temas o reforzar narrativas identitarias. El riesgo es que se utilice el matrimonio igualitario como moneda de cambio en un tablero ideológico, dejando en segundo plano a las personas reales cuyas vidas dependen de estas decisiones.
El caso Davis no es únicamente una apelación individual. Es una prueba de fuego para saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Supremo en la revisión de derechos civiles ya consolidados. Puede que el resultado inmediato no sea devastador, pero las preguntas que abre sí lo son: ¿estamos ante un nuevo intento de recortar libertades? ¿O la sociedad estadounidense será capaz de blindar de una vez por todas la igualdad matrimonial?
