Las llamadas terapias de conversión, que durante años se han utilizado para intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de personas LGTBIQ+, parecían ser cosa del pasado. Sin embargo, en algunos estados de EE.UU. están resurgiendo en el debate político y legal. Lo preocupante no es solo la discusión en sí, sino el riesgo de que prácticas desautorizadas y dañinas vuelvan a imponerse bajo el paraguas de la “libertad religiosa” o la “libertad de expresión”.
En Kentucky, por ejemplo, el testimonio de Brandon Long —quien de adolescente fue obligado a pasar por sesiones que le decían que su identidad era un error— no bastó para frenar a la legislatura republicana. Tras el veto del gobernador demócrata Andy Beshear, el Parlamento estatal decidió reabrir la puerta a estas prácticas.
Qué significa realmente “terapia de conversión”
Detrás del término se esconde un conjunto de técnicas que pueden ir desde charlas y consejería religiosa hasta métodos agresivos como descargas eléctricas, aislamiento o terapias de aversión. Todas comparten una idea central: que ser LGTBIQ+ es un problema que debe “corregirse”.
Organizaciones médicas de prestigio, como la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Médica Americana, llevan años advirtiendo que estos métodos no funcionan y, peor aún, pueden provocar depresión, consumo problemático de sustancias e incluso aumentar el riesgo de suicidio.
Un panorama dividido en Estados Unidos
Desde que California prohibió la terapia de conversión para menores en 2012, más de la mitad de los estados de EE.UU. han seguido el mismo camino. Hoy, 23 estados y Washington D.C. prohíben a profesionales de la salud someter a menores a este tipo de intervenciones. Otros cuatro han limitado su financiación o aplicación.
Pero las mayorías conservadoras en parlamentos estatales y tribunales están impulsando una contraofensiva. En Virginia, por ejemplo, un tribunal ha permitido que consejeros puedan ofrecer “terapias de conversación” con base religiosa a menores. En Michigan y Missouri, legisladores republicanos buscan derogar las prohibiciones vigentes.
La situación llegó incluso al Tribunal Supremo de EE.UU., que aceptó estudiar un recurso contra la prohibición aprobada en Colorado en 2019. Su fallo, esperado para 2026, podría cambiar radicalmente el panorama legal: reforzar las prohibiciones… o desmantelarlas.
¿Qué está en juego?
Los defensores de la prohibición insisten en que nadie acude voluntariamente a estas terapias cuando se trata de menores. Son las figuras de autoridad —madres, padres, pastores o incluso profesionales de la salud— quienes empujan a niñes y adolescentes hacia un proceso que parte de la idea de que están “rotos”.
Quienes apoyan la práctica argumentan que se trata de un asunto de libertad personal y de expresión religiosa. Alegan que, sin esas opciones, se limita la capacidad de acompañar a personas que buscan “reconciliarse” con sus creencias. El conflicto, por tanto, no es solo sanitario o psicológico, sino profundamente ideológico y cultural.
Una mirada crítica necesaria
Aunque muchas leyes buscan proteger a la juventud LGTBIQ+, no está de más preguntarse si las prohibiciones actuales son suficientes. Algunas se limitan a profesionales de la salud, dejando fuera a consejeros religiosos sin licencia. Otras, aunque simbólicamente importantes, se aplican poco en la práctica. ¿Hasta qué punto una norma en el papel garantiza la seguridad de menores que pueden ser presionades dentro de sus propios hogares o comunidades religiosas?
El psiquiatra Jack Drescher lo resume con claridad: “El mundo ha cambiado. Ya nadie puede sostener seriamente que la homosexualidad es una enfermedad”. Sin embargo, la tensión política en EE.UU. recuerda que las conquistas sociales no son irreversibles. Lo que hoy parece un derecho adquirido, mañana puede ser cuestionado.
La batalla en torno a la llamada “terapia de conversión” no trata solo de leyes: es una discusión sobre dignidad, sobre el derecho a existir tal cual somos y sobre cómo una sociedad decide proteger —o no— a su juventud.
