En los últimos días, un tema complejo y de gran sensibilidad ha vuelto a ocupar el centro del debate político y social en España: la participación de personas trans en las categorías deportivas femeninas. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, una organización de corte feminista, ha elevado una solicitud formal al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos. Su objetivo es claro: conseguir una modificación en las leyes trans regionales para, según argumentan, «proteger el deporte femenino».
Le lectore que sigue de cerca los acontecimientos a nivel global sabrá que esta no es una conversación nueva. Organismos de la talla del Comité Olímpico Internacional (COI) llevan años analizando esta cuestión sin alcanzar, hasta la fecha, una postura que unifique criterios. Casos mediáticos como los de la halterófila Laurel Hubbard o la nadadora Lia Thomas han puesto de manifiesto la dificultad de encontrar un equilibrio justo que respete los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y, a la vez, garantice la equidad en la competición.
La controversia nace de un punto específico: las normativas autonómicas vigentes, al basarse en la autodeterminación de género, permiten la participación en categorías femeninas sin un filtro biológico adicional.
Cartas al Gobierno y la Pelota en el Tejado Internacional
La Alianza ha movido ficha con celeridad, remitiendo cartas al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a las consejerías de deporte de todas las autonomías. Han puesto un énfasis particular en los gobiernos presididos por el Partido Popular (PP), instándolos a una revisión inmediata, dada la sintonía que dicen percibir con las preocupaciones previamente expresadas por dirigentes de este partido.
¿Cuál ha sido la respuesta institucional? Al ser consultado sobre la posibilidad de impulsar estas modificaciones, el CSD ha optado por una postura de cautela, desvinculándose de la responsabilidad directa. Fuentes del Consejo se remiten a los organismos y federaciones internacionales, como el COI, señalando que son «estos organismos los que establecen las normas de participación, de acuerdo con las características y especificidad de cada deporte».
Ante esta respuesta, nos preguntamos: ¿Es suficiente delegar la decisión en el ámbito internacional, o existe una responsabilidad política en el marco normativo interno?
Biología y Rendimiento: ¿Qué Dice la ‘Evidencia Científica?
En el corazón de la petición de la Alianza se encuentra la advertencia de que las leyes trans, tal como están redactadas, ponen en peligro tres pilares del deporte: el principio de igualdad, el juego limpio y la seguridad de les deportistas. Su argumento central se basa en que estas normativas estarían «ignorando la evidencia científica» que subraya las diferencias biológicas significativas entre hombres y mujeres que tienen un impacto directo en el rendimiento deportivo.
La portavoz de la organización, Lola Venegas, ha expresado su preocupación, indicando que las leyes regionales son «las más explícitas a la hora de permitir la presencia de varones autodeterminados mujeres en las categorías femeninas». Para la Alianza, la actuación en las comunidades autónomas debe ser «inmediata», sin menoscabo de su petición histórica de una derogación más amplia de la autodeterminación de género.
Coherencia Institucional: La Contradicción en los Documentos Oficiales
Curiosamente, el debate se cruza con un documento oficial reciente del propio Gobierno (PSOE y Sumar): la «Guía de salud de la mujer deportista«, publicada por el CSD junto al Ministerio de Deportes.
La Alianza exige «coherencia» entre el marco legal vigente y los hallazgos de esta guía, que reconoce explícitamente:
- La biología femenina influye en el rendimiento, la salud y el riesgo de lesiones.
- Existen diferencias fisiológicas y biomecánicas entre hombres y mujeres que impactan en la competición deportiva.
Para la organización, este reconocimiento oficial debería traducirse en políticas públicas que actúen en consecuencia. Lola Venegas insiste: «Reconocer las diferencias sexuales no es discriminación, sino una condición necesaria para garantizar la igualdad real». Su temor es que la participación de personas de sexo masculino en categorías femeninas introduzca desigualdades y, en disciplinas donde la fuerza o la velocidad son determinantes, llegue a «afectar a la integridad física de les deportistas«.
Mientras la Alianza presiona por estos cambios, fuentes del CSD, en su réplica a la prensa, han querido destacar otras acciones enmarcadas en la misma guía que sí promueven la igualdad en el deporte: aumento de becas de maternidad, la profesionalización del fútbol femenino y una mayor presencia de mujeres en órganos directivos.
El camino hacia la equidad deportiva es sin duda complejo. Requiere una mirada objetiva a la ciencia, una escucha activa a las preocupaciones de todas las partes, y una legislación que se sostenga en la justicia para todes. ¿Podrán las autoridades encontrar el punto medio donde los avances en derechos de la comunidad LGTBIQ+ convivan con la garantía de una competición justa para les deportistas femenines?
