Más de 250 profesionales de los servicios sociales andaluces han participado recientemente en unas jornadas formativas organizadas por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. El objetivo: acercar el protocolo de prevención e intervención frente a conductas LGTBIfóbicas y garantizar que los centros comunitarios sean espacios seguros y respetuosos.
Un paso hacia la inclusión
La formación, reconocida oficialmente por el Instituto Andaluz de la Administración Pública, no se ha limitado a transmitir información. Se trata de ofrecer a trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales una herramienta práctica que les ayude a identificar y frenar cualquier forma de rechazo, prejuicio o discriminación hacia personas LGTBIQ+ o sus familiares.
La idea es sencilla pero poderosa: si el personal de primera línea cuenta con recursos claros, la detección de situaciones de exclusión es más ágil y la respuesta más efectiva. Ahora bien, ¿basta con formar a quienes ya están dentro del sistema, o también deberíamos repensar cómo educamos a la sociedad en su conjunto?
Objetivos claros, retos abiertos
Los talleres se centraron en tres ejes:
- Sensibilizar sobre la realidad de la diversidad sexual y de género.
- Explicar cómo aplicar el protocolo contra la LGTBIfobia en casos concretos.
- Detectar posibles carencias en la prevención y atención de estas situaciones.
El contenido se dividió en dos módulos. El primero, de sensibilización, fue impartido en todas las provincias por el coordinador territorial de la asociación Engloba, Santiago Ruiz. El segundo, más técnico y centrado en el propio protocolo, estuvo en manos de profesionales con experiencia directa en servicios comunitarios, como Rocío Oria (Lepe), José Ramón Alcalá Zamora (Cádiz, Huelva y Córdoba) y Nazareth Pastor (Alcalá la Real).
La importancia de la primera línea
Francisco Obes, coordinador de Diversidad de la Junta, subrayó un aspecto clave: los servicios sociales son, en muchas ocasiones, la primera puerta a la que acude la ciudadanía cuando se enfrenta a situaciones de discriminación. De ahí que su papel sea “fundamental” para detectar y acompañar.
El protocolo, según Obes, no solo unifica la respuesta institucional, también marca un cambio de enfoque: pasar de la reacción aislada a la prevención organizada. Una apuesta por la coherencia en la lucha contra la LGTBIfobia.
Mirando más allá
Este tipo de iniciativas muestran una intención clara: que la administración pública sea garante de los derechos de las personas LGTBIQ+. Pero queda una pregunta en el aire: ¿cómo lograr que estas herramientas trasciendan los despachos y se traduzcan en cambios reales en la calle, en las escuelas o en las familias?
