- Tras un año de trámites, los partidos alcanzan un consenso para introducir el artículo 173 bis en el Código Penal.
- Las penas propuestas oscilan entre los 6 meses y los 2 años de prisión, además de la inhabilitación profesional.
- Paula Iglesias (FELGTBI+): “Ser número uno en Europa implica la responsabilidad de seguir avanzando y marcar la tendencia”.
La protección de las personas LGTBI+ en España está a punto de blindarse definitivamente. La Federación Estatal LGTBI+ ha celebrado hoy el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas para el texto definitivo de la Ley contra las terapias de conversión. Tras la prohibición administrativa lograda en 2023, este nuevo paso busca que estas pseudoterapias dejen de saldarse con simples multas y pasen a ser castigadas con penas de cárcel.
Del castigo económico a la responsabilidad penal
Hasta ahora, las organizaciones que impulsan estas prácticas —muchas veces amparadas por fundaciones ultra o estructuras eclesiales— podían permitirse pagar las sanciones económicas y continuar su actividad. Con la nueva reforma, se propone el artículo 173 bis del Código Penal, que castigará con hasta dos años de prisión a quien intente “modificar, reprimir o eliminar” la orientación o identidad sexual de una persona.
“Esta modificación es fundamental porque la tortura no se puede pagar con dinero”, ha incidido Paula Iglesias, presidenta de la Federación. La ONU ya califica estas intervenciones como tortura, señalando los daños irreparables que causan, como depresión severa e ideación suicida.
Sin margen para la complacencia
A pesar de que ILGA-Europe ha situado este mes a España como el país más respetuoso con los derechos LGTBI+, la Federación advierte que ocupar el primer puesto no significa haber alcanzado la meta. «No se puede permitir que en el país líder en diversidad se siga torturando de manera impune», defiende Iglesias.
La reforma también pone el foco en la falsa idea del consentimiento. Según la Federación, muchas víctimas acceden a estas prácticas por la presión de un entorno hostil o la LGTBIfobia social. Por ello, la ley protegerá incluso a quienes se someten a estas violencias inducidos por progenitores o tutores.
El contexto europeo: España como motor
Mientras la Comisión Europea ha anunciado que solo adoptará una «recomendación» oficial en 2027 (tras una Iniciativa Ciudadana que recogió más de un millón de firmas), España ha decidido tomar la delantera legislativa. La intención de la Federación es que la ley se ratifique antes del Orgullo 2026, para poder salir a las calles celebrando un nuevo blindaje contra el odio organizado.
