La Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad LGTBIQ+ con la presentación de su proyecto de presupuestos para 2026. Lo que a primera vista podría parecer una mera reestructuración administrativa, se revela como un movimiento estratégico que, para muchas voces expertas y activistas, representa un preocupante «retroceso histórico» en la senda hacia la igualdad. ¿Estamos presenciando una sutil pero efectiva desarticulación de las políticas que en su día fueron pioneras en la región? ¿O es una estrategia deliberada para relegar al colectivo a los márgenes de la relevancia política y social?
De la Igualdad a la Exclusión: Un Cambio que Alerta
El punto central de la controversia radica en la reubicación de las políticas LGTBIQ+. Tradicionalmente enmarcadas en el ámbito de la Igualdad, el nuevo proyecto presupuestario las integra ahora en el programa 232E, bajo la denominación de «Integración, participación social y lucha contra la exclusión». Este cambio de etiqueta, lejos de ser inocuo, ha sido interpretado como un mensaje claro y preocupante.
Desde Arcópoli, una de las asociaciones más comprometidas con la defensa de los derechos LGTBIQ+, la crítica es contundente: «El Gobierno de la Comunidad de Madrid nos relega del ámbito de la igualdad al de la asistencia. Se nos deja de reconocer como una ciudadanía con derechos para tratarnos como un colectivo vulnerable, sin entender que nuestra vulnerabilidad no es inherente a quienes somos, sino consecuencia de un sistema social que aún discrimina y margina». Esta declaración subraya la preocupación de que el colectivo sea percibido no como sujeto de derechos plenos, sino como un grupo necesitado de asistencia, lo que implica una infantilización y una negación de su autonomía.
COGAM se suma a esta lectura crítica, interpretando la decisión como una continuación de una política de invisibilización: «Nos sitúa en la línea que lleva siguiendo el Gobierno desde hace años. Nos quiere fuera, nos quiere pequeñas, pequeñitas, a todas las organizaciones de la izquierda. Quiere que seamos lo más irrelevantes posible», expresan. La diputada de Más Madrid, Mariana Arce, refuerza esta preocupación, señalando que este cambio envía un «mensaje peligroso» y que la intención es clara: «quieren que vuelvan a los márgenes».
Este desplazamiento de la «igualdad» a la «exclusión» no es solo un juego de palabras. Implica una modificación sustancial en la forma en que se conciben y gestionan los recursos. ¿Es posible abordar la igualdad de un colectivo desde un marco que lo define intrínsecamente como «excluido»? Esta es una pregunta fundamental que interpela directamente a la filosofía de las políticas públicas.
Un Historial de Obstáculos: Cuando los Derechos se Ponen en Entredicho
Este reciente movimiento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de acciones del Gobierno de Ayuso que han generado una constante tensión con la comunidad LGTBIQ+ desde su llegada al cargo en 2019.
- El Recorte de las Leyes Trans y LGTBI: En noviembre de 2023, el Gobierno autonómico impulsó dos proposiciones de ley para modificar la ley trans de Madrid y la ley LGTBI. Estas iniciativas, percibidas como un «tijeretazo» a los derechos ya consolidados, fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central y el Defensor del Pueblo, quienes argumentaron una vulneración de derechos fundamentales. Aunque el Gobierno de Ayuso se vio obligado a ajustar algunas de sus pretensiones, el Tribunal Constitucional resolvió en 2025 que una parte significativa de la ley LGTBI era «inconstitucional y nula». Este episodio evidenció la voluntad de revertir avances legislativos y la necesidad de la intervención judicial para salvaguardar los derechos.
- La Desaparición de la Subdirección General de Igualdad LGTBI: En diciembre de 2024, se suprimió la Subdirección General de Igualdad LGTBI, que hasta entonces formaba parte de la Dirección General de Igualdad. Esta última, a su vez, fue reemplazada por la Dirección General de la Mujer. Esta reestructuración, lejos de ser un simple cambio de organigrama, ya anticipaba una reducción del apoyo institucional específico al colectivo LGTBIQ+, diluyendo su visibilidad y su capacidad de interlocución directa.
- El «Golpe Económico» a las Asociaciones: El año 2024 fue particularmente duro para las asociaciones LGTBIQ+ en Madrid, que sufrieron un «golpe económico sin precedentes». La eliminación de las subvenciones específicas, dejando únicamente las del IRPF, supuso una drástica reducción de fondos. Esta medida ha debilitado gravemente el tejido asociativo, que es el pilar de servicios esenciales como la atención psicológica, jurídica, sanitaria y educativa. ¿Qué impacto tiene este desfinanciamiento en la capacidad de la comunidad para autoorganizarse y brindar apoyo a sus miembres más vulnerables? ¿Es una forma de asfixiar la voz crítica y el activismo?
¿Qué Implica Realmente esta Reubicación?
La inclusión de las políticas LGTBIQ+ en el programa de «exclusión social» va más allá de un cambio de nombre. Tiene implicaciones directas y tangibles. Limita las ayudas a las asociaciones del colectivo y disminuye los recursos destinados específicamente a estas políticas, que ahora deberán competir por presupuesto con otras poblaciones vulnerables, como el pueblo gitano o las personas inmigrantes. Si bien la interseccionalidad es crucial, la dilución de las necesidades específicas del colectivo LGTBIQ+ bajo un paraguas tan amplio puede conducir a una menor atención y a la pérdida de una perspectiva diferenciada.
La pregunta que resuena con fuerza es: ¿qué mensaje se envía a le ciudadane LGTBIQ+ cuando sus derechos y necesidades son tratados bajo el paraguas de la exclusión? ¿Es esta una forma de invisibilizar sus demandas específicas, de restarles importancia y de fomentar una narrativa de «vulnerabilidad» en lugar de «igualdad de derechos»? ¿O, por el contrario, se busca una integración más amplia, aunque con el riesgo de diluir la identidad y las luchas propias del colectivo?
¿Hacia Dónde Vamos?
La comunidad LGTBIQ+ ha recorrido un largo camino en la lucha por el reconocimiento de sus derechos y por una igualdad real y efectiva. Los avances logrados son fruto de un esfuerzo colectivo incansable. Sin embargo, decisiones políticas como las que se están tomando en la Comunidad de Madrid nos obligan a una profunda reflexión: ¿hasta qué punto estamos consolidando esos derechos o, por el contrario, abriendo la puerta a posibles retrocesos? ¿Estamos permitiendo que la igualdad se convierta en una categoría negociable, sujeta a vaivenes políticos y presupuestarios?
Le lectore de Rainbow, ¿qué papel crees que jugamos como sociedad en la defensa de estos avances? ¿Cómo podemos asegurar que la voz de la comunidad LGTBIQ+ no sea silenciada ni relegada a los márgenes? La lucha por la igualdad es un compromiso constante, y cada decisión política nos recuerda la importancia de la vigilancia y el activismo.
