Este 21 de abril se cumplieron dos décadas desde que el Congreso de los Diputados aprobara la ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo género en España. Fue un momento histórico, cargado de emoción y significado para millones de personas. Sin embargo, el aniversario llega envuelto en preocupación.
Según datos de un estudio realizado por la Federación Estatal LGTBI+ junto a la agencia 40dB, un 74% de las personas LGTBI+ teme perder derechos fundamentales si un partido ultraconservador llegara al poder. El matrimonio, la adopción o el reconocimiento legal de las personas trans son los principales derechos que sienten en riesgo.
Más alarmante aún: 1 de cada 4 personas encuestadas teme perder todos sus derechos. Solo un 0,8% cree que su situación legal se mantendría intacta.
Un avance social que no puede darse por garantizado
Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, recuerda que la Ley 13/2005 no solo marcó un antes y un después en los derechos civiles en España, sino que también envió un mensaje claro al mundo: que un país que había vivido bajo una dictadura durante cuatro décadas podía convertirse en un referente internacional en materia de derechos humanos.
Desde entonces, se han aprobado leyes que amplían libertades y garantizan derechos para muchas personas del colectivo. Pero la amenaza del retroceso sigue viva. “Los discursos de odio no son nuevos”, señala Iglesias. “Lo que ha cambiado es que ahora tienen más altavoz gracias a las redes sociales y a ciertos líderes internacionales”.
Un llamado urgente a la acción
Ante este panorama, la Federación pide al actual Gobierno que dé un paso al frente. Exigen un Pacto de Estado contra los discursos de odio y la implementación real de las leyes ya aprobadas, para que no se queden en promesas vacías. Porque los derechos que hoy se celebran, mañana podrían desaparecer si no se defienden activamente.
“Es necesario dejar de tratar la igualdad como una moneda de cambio en negociaciones políticas. La dignidad, la seguridad y la libertad de millones de personas no son opcionales”, añade Iglesias. “Todos los partidos —no solo los progresistas— tienen la responsabilidad de frenar el odio”.
¿Y si el miedo no es exagerado?
Aunque pueda parecer alarmista, la preocupación del colectivo no nace del aire. En algunas comunidades autónomas ya se han comenzado a revisar o recortar políticas LGTBI+, muchas veces bajo discursos de neutralidad o supuesta protección de «valores tradicionales». ¿Hasta qué punto estamos preparades para defender lo que ya se había logrado? ¿Quién decide qué derechos se debaten y cuáles no?
Las victorias sociales no son eternas. A veces, lo que parece estable es solo una pausa en una lucha mucho más larga.
