La administración de Donald Trump vuelve a situar a la comunidad trans en el centro de la controversia. Según medios estadounidenses como CNN y ABC News, el Departamento de Justicia está valorando limitar el acceso a armas de fuego para personas trans, tras el tiroteo ocurrido el 27 de agosto en una escuela y una iglesia católica en Minneapolis.
El ataque, protagonizado por una mujer trans de 23 años, dejó dos menores fallecides y más de veinte personas heridas. A raíz de este hecho, altos cargos del gobierno habrían iniciado conversaciones internas sobre la posibilidad de imponer una prohibición a toda la población trans.
¿Medida de seguridad o estrategia de señalamiento?
Aunque las discusiones todavía se encuentran en fases preliminares, la idea despierta un fuerte debate. Varias voces expertas aseguran que la medida podría enfrentar serios obstáculos legales, ya que en EE. UU. el derecho a portar armas está protegido constitucionalmente y no puede limitarse de forma indiscriminada.
Desde organizaciones de defensa de los derechos LGTBIQ+, como GLAAD, se ha denunciado que el gobierno vuelve a usar a una minoría como chivo expiatorio. “En lugar de buscar soluciones reales, la administración escoge señalar y perseguir a una comunidad pequeña y vulnerable”, advirtió unx de sus portavoces.
Un patrón de políticas restrictivas
De confirmarse, esta sería una nueva acción en una larga lista de medidas contra la población trans durante el segundo mandato de Trump. Desde la firma de una orden ejecutiva que define solo dos géneros, hasta la expulsión de personas trans del ejército y la reubicación forzosa de recluses en función de su sexo asignado al nacer, las decisiones presidenciales han supuesto un retroceso en materia de derechos.
A esto se suma la ofensiva contra la atención médica afirmativa de género. En junio, la fiscal general Pam Bondi abrió una investigación contra profesionales de la salud que atienden a menores trans, enviando más de 20 citaciones judiciales.
Datos frente a discursos
Pese a los discursos que intentan asociar a la comunidad trans con la violencia, las cifras cuentan otra historia. Un estudio del Williams Institute de la Universidad de California reveló en 2021 que las personas trans son cuatro veces más propensas a ser víctimas de delitos violentos que las personas cisgénero. Además, menos del 0,1 % de los tiroteos masivos en EE. UU. han sido cometidos por personas trans.
Las consecuencias de esta violencia constante son graves: mayores niveles de depresión, pensamientos suicidas y riesgos de exclusión social. Como advierte Ilan H. Meyer, investigador del Williams Institute, “es urgente diseñar políticas que reconozcan la alta tasa de victimización que vive la población trans”.
Más allá de los titulares, queda la duda: ¿cómo puede un país garantizar seguridad sin caer en medidas discriminatorias que criminalizan a comunidades enteras? El debate sobre las armas en Estados Unidos sigue pendiente, pero mientras tanto, millones de personas trans continúan luchando por un derecho tan básico como vivir libres de violencia.
