El PSOE recupera una propuesta bloqueada en 2022, con el apoyo de UPL, la abstención del PP y el rechazo de Vox
En un contexto político cada vez más polarizado, la Diputación de León ha dado luz verde a una moción presentada por el Grupo Socialista para impulsar la creación de un Observatorio LGTBI+ en Castilla y León. Aunque la medida no es vinculante, representa una declaración de intenciones y busca presionar a la Junta autonómica para que implemente un mecanismo específico de seguimiento, análisis y denuncia de los delitos de odio contra el colectivo.
La propuesta recibió el respaldo de Unión del Pueblo Leonés (UPL), fue acogida con la abstención del Partido Popular (PP) y rechazada por Vox. El debate reabrió viejas heridas políticas y sociales, pero también rescató una necesidad latente: garantizar los derechos de les ciudadanes LGTBIQ+ en una comunidad donde los discursos de odio siguen creciendo.
¿Por qué un Observatorio LGTBI+?
El portavoz socialista, Santiago Dorado Cañón, fue tajante: “No se trata solo de números. Se trata de personas”. Afirmó que la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género sigue siendo una realidad silenciada y que un observatorio permitiría no solo visibilizarla, sino articular políticas públicas eficaces. En su intervención, recordó que la ley estatal en vigor obliga a las comunidades autónomas a implementar herramientas para su cumplimiento, y lamentó que el actual Observatorio de Género de la Junta no incluya representación específica del colectivo LGTBI+.
Desde Juventudes Socialistas de León y el propio PSOE, se insistió en la urgencia de esta medida, destacando que no puede posponerse más. El agradecimiento al apoyo de UPL fue explícito, y la abstención del PP se interpretó como una puerta aún entreabierta para el diálogo.
¿Y qué dice la oposición?
El portavoz popular, David Fernández, planteó una propuesta alternativa: que sea la propia Diputación la que promueva una estructura similar. A su juicio, ya existe un observatorio de género regional y, por tanto, la nueva iniciativa sería redundante. Desde Vox, el diputado Fernando Prieto Olite fue más tajante: defendió que la Constitución garantiza la igualdad y que no es necesario crear “estructuras ideológicas” adicionales. Una postura ya conocida, que reproduce el discurso que en 2022 frenó la primera tentativa de esta medida.
¿Cómo afectaría realmente este observatorio?
La moción socialista señala que el Observatorio LGTBI+ tendría como funciones principales la recopilación de datos, el análisis transversal de delitos de odio y la participación activa de colectivos sociales en su diseño y aplicación. En definitiva, se plantea como una herramienta independiente y participativa que permita tomar decisiones informadas y efectivas.
El contexto no es menor: según el Ministerio del Interior, en 2023 Castilla y León registró 115 incidentes relacionados con delitos de odio, un 79,6% más que el año anterior. De estos, 28 estuvieron vinculados a la orientación sexual o identidad de género. Aunque estos datos preocupan, es posible que no reflejen la magnitud real del problema, dado que muchas víctimas optan por no denunciar.
¿Estamos ante un cambio real… o solo un gesto?
A pesar del avance simbólico que representa la aprobación de esta moción, queda una duda flotando: ¿tendrá realmente impacto? Al no ser una medida ejecutiva, su aplicación depende exclusivamente de la voluntad política de la Junta de Castilla y León, donde el equilibrio de fuerzas es incierto y las resistencias, evidentes. Además, cabe preguntarse si este tipo de estructuras acaban teniendo la autonomía prometida o si terminan absorbidas por la inercia burocrática. En una comunidad con antecedentes de rechazo a estas iniciativas, ¿será esta vez diferente?
Castilla y León en el mapa
Mientras otras comunidades autónomas avanzan, Castilla y León sigue intentando ponerse al día. Aragón y Asturias cuentan con observatorios públicos, mientras que regiones como Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana han desarrollado modelos desde el ámbito social o privado. En el ámbito provincial, varias diputaciones han iniciado programas de sensibilización, pero sin llegar a establecer estructuras permanentes ni observatorios propios.
