El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, ha sido citado como sospechoso por su implicación en la organización del Budapest Pride, celebrado el pasado 28 de junio. Así lo confirmó el propio Ayuntamiento en respuesta a una consulta del medio húngaro 444.hu, señalando que la comparecencia ante la policía tendrá lugar la próxima semana y que la citación se realizó “por vía rápida”.
¿Qué ha ocurrido?
La investigación fue iniciada por la Oficina Nacional de Investigación Criminal, una unidad especial de la policía húngara, en un principio contra “autor desconocido”. Sin embargo, tras el desarrollo de los acontecimientos y el protagonismo que tomó la administración local en la organización del evento, el foco parece haberse desplazado directamente hacia el gobierno municipal.
El Budapest Pride de este año no fue un desfile cualquiera. Más de 100.000 personas salieron a las calles no solo para celebrar la diversidad, sino también para alzar la voz contra las políticas restrictivas del gobierno de Viktor Orbán. Karácsony, quien pronunció un encendido discurso durante la marcha, fue recibido días después con una ovación en el Parlamento Europeo.
El contexto político y legal
Días antes del evento, el ministro de Justicia, Bence Tuzson, advirtió públicamente a la organización sobre posibles consecuencias legales. A pesar de esta amenaza velada, el gobierno húngaro comunicó posteriormente que no sancionaría a les participantes, argumentando que la comunicación del evento había sido «confusa».
Cabe destacar que, según ha declarado el propio Ayuntamiento, el desfile fue oficialmente asumido como un acto municipal. Desde esta perspectiva, no habría existido infracción legal, ya que tanto la organización como la participación se ajustaron a la normativa vigente.
Silencio oficial y preguntas sin respuesta
La Fundación Misión Arcoíris Szivárvány Misszió Alapítvány, responsable tradicional del Pride, aseguró no haber recibido ninguna notificación por parte de las autoridades. Por su parte, la Policía Nacional ha rechazado ofrecer más detalles sobre la investigación, apelando al interés del proceso.
¿Está la legalidad realmente en juego o se trata de un nuevo intento de silenciar manifestaciones públicas incómodas para el poder? ¿Hasta qué punto puede un gobierno interferir en un evento que, más allá de lo simbólico, forma parte del ejercicio del derecho de reunión?
Cambios constitucionales que preocupan
El entorno legal en Hungría ha cambiado significativamente. A principios de este año, el Parlamento —con mayoría del partido Fidesz— aprobó la 15ª enmienda constitucional desde 2010. Esta reforma establece que el derecho de les niñes a un desarrollo “saludable” prima sobre la libertad de reunión. Además, se incorpora el deber del Estado de proteger la “identidad de género de nacimiento” y de garantizar una educación basada en “la identidad constitucional y la cultura cristiana de Hungría”.
Este marco jurídico no solo dificulta la organización de actos como el Pride, sino que lanza un mensaje claro sobre las prioridades ideológicas del gobierno.
Una mirada crítica: ¿protección o represión?
Aunque el discurso oficial habla de protección de la infancia y de valores tradicionales, diversas voces apuntan a que estas medidas esconden una estrategia de censura. ¿Hasta qué punto se puede proteger a les niñes sin limitar las libertades de otres? Hay quienes alertan sobre el uso político de la ley para restringir derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de la comunidad LGTBIQ+. La imputación del alcalde podría ser vista como una maniobra disuasoria, destinada a intimidar a otres líderes municipales que consideren apoyar públicamente al colectivo.
