Ana Redondo acusa a Ayuso de legislar contra la igualdad y defiende la firmeza institucional en la protección del colectivo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha confirmado que el Ejecutivo central no piensa mirar hacia otro lado ante las decisiones de algunas comunidades autónomas que, en sus palabras, “están legislando en contra del colectivo LGTBI+, de la igualdad, de la democracia y de los derechos”. Entre ellas, ha señalado directamente a la Comunidad de Madrid.
Durante una visita al emblemático Pasaje Begoña de Torremolinos, espacio con fuerte carga simbólica para la memoria y reivindicación del movimiento LGTBIQ+, la ministra se refirió con preocupación al actual clima social. “Las palabras generan violencia. Estamos asistiendo a una degradación del discurso público que desemboca en agresiones reales, en enfrentamientos, en miedo”, subrayó. No es una alerta gratuita: hace apenas unas semanas, dos jóvenes sufrieron una brutal agresión homófoba en esta misma localidad.
🗣 «La ley del matrimonio igualitario nos ha permitido ser libres, la verdadera libertad en mayúsculas».
📷 La ministra de Igualdad, @_anaredondo_, ha participado en la mesa redonda de la presentación de la revista ‘SIX 2025’. pic.twitter.com/Lk8bQpHRDC
— Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) May 29, 2025
Tensión entre administraciones
Redondo ha sido clara al afirmar que el Gobierno central “no va a consentir” que desde Madrid se limiten derechos ya reconocidos. Ha denunciado lo que considera una estrategia por parte de Isabel Díaz Ayuso para “vulnerar y restringir las garantías del colectivo”. En ese mismo discurso, también criticó al presidente valenciano, Carlos Mazón, por aprobar normas que, según la ministra, recortan libertades fundamentales y desvían la atención de otras crisis pendientes, como las derivadas de la DANA.
Este posicionamiento del Ministerio de Igualdad se apoya en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. El fallo anuló parcialmente una ley madrileña que reducía el alcance de la normativa LGTBI+ aprobada en 2016. Entre los puntos más polémicos, destacaba la exclusión de las entidades del colectivo como parte activa en procesos judiciales o administrativos relacionados con la defensa de sus derechos. La justicia dejó claro que estas restricciones no tienen cabida en el marco legal actual.
¿Un conflicto político o una defensa de derechos?
Sin embargo, no todas las voces coinciden en esta lectura. ¿Es esta una defensa sincera de los derechos LGTBIQ+ o estamos ante una instrumentalización política del conflicto territorial? Algunas personas expertas advierten del riesgo de polarización cuando se usan temas sensibles como arma arrojadiza entre gobiernos. Además, cabe preguntarse si el Ejecutivo está dispuesto a sostener este pulso hasta el final o si se quedará en declaraciones contundentes pero simbólicas. ¿Hay una hoja de ruta clara? ¿Y qué papel juega la ciudadanía en esta disputa?
Lo que está en juego
Más allá de las disputas entre administraciones, lo que está en juego son las condiciones de vida de miles de personas. El retroceso en leyes que protegen a la comunidad LGTBIQ+ no es solo una cuestión legal, sino una amenaza directa al bienestar, la seguridad y la dignidad de muchas identidades históricamente vulneradas. La igualdad, como valor constitucional, no debería estar sujeta a vaivenes ideológicos ni intereses partidistas.
La respuesta institucional, la presión social y la vigilancia ciudadana serán clave para evitar que los derechos ya conquistados se diluyan en decisiones que, aunque amparadas en mayorías autonómicas, pueden romper consensos básicos sobre la diversidad y la inclusión.
