Las divisiones internas en el tribunal retrasan una decisión clave para los derechos de las personas trans y LGTBIQ+
El Tribunal Constitucional ha decidido aplazar, sin fecha prevista, su pronunciamiento sobre la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBIQ+. El motivo: la falta de respaldo suficiente a la ponencia elaborada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo, incluso dentro del sector mayoritario afín a su posición.
Se esperaba que esta semana el Pleno abordara el recurso interpuesto por el Partido Popular contra varios artículos de la norma, conocida comúnmente como Ley Trans. Sin embargo, la falta de consenso llevó al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, a frenar la votación y convertir la sesión en una “primera aproximación”.
Tensión en el debate: división incluso entre magistrados progresistas
La ponencia presentada por Campo validaba la ley en su mayoría, aunque introducía matices en aspectos sensibles. Fue defendida sin cambios, pero encontró resistencia tanto en el bloque conservador como entre algunas magistradas del ala progresista, como Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer. El único apoyo firme llegó de Ramón Sáez.
Tras escuchar las objeciones, Campo se comprometió a redactar una nueva propuesta que recoja las distintas sensibilidades del tribunal. De momento, no hay calendario claro para su revisión, aunque se espera que la cuestión retorne en futuros plenos.
El núcleo del desacuerdo: menores, autodeterminación y seguridad jurídica
Entre los puntos más polémicos del recurso del PP se encuentra el artículo 19.2, que permite la modificación genital en menores de 12 años por razones médicas y entre 12 y 16 años con consentimiento informado. También se cuestionan artículos que permiten el cambio registral de sexo sin informes médicos, así como disposiciones sancionadoras por contenidos LGTBIQ+fóbicos en el ámbito educativo o cultural.
La libre autodeterminación de género —es decir, el derecho de cada persona a que su identidad sea reconocida sin condicionamientos clínicos o judiciales— está en el centro del debate. Algunas voces consideran que podría generar inseguridad jurídica o afectar a la definición de mujer en el marco de las políticas de igualdad. ¿Dónde se trazan los límites entre la libertad individual y la protección colectiva? La pregunta sigue abierta.
¿Una ley en pausa o en peligro?
La parálisis actual despierta preocupación en colectivos LGTBIQ+, especialmente entre las personas trans, cuya realidad sigue sin encontrar una respuesta jurídica estable. Algunas fuentes cercanas al proceso advierten que el aplazamiento podría ser una estrategia para retirar el borrador sin intención real de sustituirlo, lo que supondría —afirman— una “irresponsabilidad institucional”.
Críticas y tensiones políticas: ¿hay intereses ocultos en juego?
Desde una perspectiva crítica, no se puede ignorar el contexto político que rodea este retraso. Mientras el PP lidera el recurso, Vox ha intensificado su ofensiva contra los derechos trans en varias comunidades autónomas. Al mismo tiempo, el propio Tribunal ha tenido que equilibrar la presión mediática con las divisiones internas. ¿Hasta qué punto influye la batalla política en una cuestión que afecta directamente a los derechos humanos?
Otro asunto abordado: amparo parcial por una agresión sexual
En la misma sesión, el Tribunal ha estimado parcialmente el recurso de amparo de una madre, al no habérsele permitido recurrir la rebaja de la pena al agresor sexual de su hija, de acuerdo con la ley del solo sí es sí. El TC consideró vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, aunque no apreció discriminación por razón de sexo.
