El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado por primera vez dos estrategias estatales que buscan proteger y garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ y trans. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad, responde al mandato de la Ley 4/2023 y pretende sentar las bases de una igualdad real en todo el territorio español. ¿Qué implica esto en la práctica y cómo afectará? Te lo contamos.
Un marco común para avanzar en derechos
La Estrategia estatal LGTBI se plantea como la columna vertebral de las políticas públicas para combatir la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Tendrá una duración de cuatro años y será una guía para todas las administraciones públicas, pero también incluye a empresas, ONG y otros agentes sociales.
Este documento incorpora principios fundamentales como la igualdad de trato, la no discriminación y la lucha contra la violencia LGTBIfóbica. Además, pone especial énfasis en campañas de sensibilización, formación específica y acciones para mejorar la convivencia y la visibilidad del colectivo en todos los ámbitos.
La estrategia trans: foco en inclusión y justicia social
Por su parte, la Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans es la primera que se dirige específicamente a este colectivo. Su objetivo es claro: eliminar las barreras que impiden a las personas trans vivir con dignidad, libertad y seguridad.
El plan incluye medidas concretas en áreas clave como el acceso al empleo, la salud, la educación y la vivienda. También contempla acciones afirmativas y análisis sobre la situación real del colectivo, para poder diseñar políticas basadas en datos y realidades, no solo en buenas intenciones.
Una construcción colectiva
Ambas estrategias son el resultado de un proceso participativo en el que han intervenido más de 160 personas representantes de ministerios, comunidades autónomas, municipios, sindicatos, universidades y organizaciones de la sociedad civil. La diversidad de voces ha sido una de las claves para dotar de legitimidad y profundidad a estos documentos.
La coordinación entre las administraciones será fundamental, pero también lo será la implicación de la sociedad en su conjunto. El compromiso con la diversidad no puede quedar únicamente en manos del Estado.
¿Todo avance es positivo?
Aunque se trata de un paso relevante, también hay quienes alertan sobre los riesgos de convertir las estrategias en simples declaraciones sin un presupuesto suficiente o mecanismos reales de evaluación. Algunas voces críticas advierten de la posibilidad de que estas medidas se utilicen más como herramientas simbólicas que como instrumentos de cambio profundo. Además, queda la incógnita de cómo se traducirán estas promesas en realidades, sobre todo en comunidades donde la resistencia a los derechos LGTBIQ+ sigue siendo fuerte. ¿Serán suficientes las estrategias si no vienen acompañadas de voluntad política firme y recursos sostenibles?
¿Qué nos queda por hacer?
El reconocimiento institucional es un paso importante, pero no el único. La pregunta sigue abierta: ¿cómo garantizamos que estas estrategias no se queden solo en el papel? El tiempo, la presión social y la vigilancia activa de la ciudadanía serán claves para que el compromiso se convierta en transformación.
