España avanza hacia la penalización de las mal llamadas “terapias de conversión” y la nueva ley contra las terapias de conversión. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de una proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE, que busca castigar con cárcel a quienes promuevan o practiquen estos métodos, dirigidos a modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.
Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, la Cámara Baja abre así el debate legislativo sobre una práctica que, aunque ampliamente desacreditada por la ciencia y los derechos humanos, todavía hoy sobrevive en ciertos entornos bajo distintas máscaras.
Qué plantea la ley: cárcel, multas e inhabilitación
La propuesta pretende incluir en el Código Penal penas de seis meses a dos años de prisión para quienes apliquen estos métodos de “corrección”, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de otra índole. En los casos más graves —cuando la víctima sea menor, haya violencia, relación de poder o ánimo de lucro—, la pena podría ampliarse hasta su mitad superior.
Además, la norma incluye inhabilitación profesional de hasta cinco años para quienes ejerzan en ámbitos educativos, deportivos o de ocio. Las personas jurídicas, como organizaciones o asociaciones, también enfrentarían sanciones económicas, suspensión de actividades o incluso disolución, si se demuestra su implicación en estas prácticas.
Terapias de conversión: una violencia que persiste
“El hecho de obligar a alguien a odiarse a sí misme, a arrancarse su identidad, es una forma de tortura”, afirmó en el pleno el diputado socialista Víctor Gutiérrez. Desde la tribuna, denunció que aún hay familias, figuras religiosas, supuestos terapeutas y ‘coaches’ que prometen eliminar la diversidad sexual o de género con métodos que van desde rezos hasta tratamientos médicos sin base científica.
Partidos como Bildu, ERC, Podemos o Sumar han coincidido en señalar estas prácticas como “tortura” o “atentado contra la dignidad humana”. El PNV, por su parte, las calificó directamente de “aberración”.
Un apoyo amplio, pero no unánime
La tramitación ha contado con un amplio respaldo, pero también con críticas. Algunos grupos han reprochado al PSOE su rechazo a una propuesta anterior más integral, presentada en febrero, que no solo penalizaba estas prácticas, sino que también incluía medidas para la reparación de las víctimas. La nueva iniciativa llega ahora, en plena celebración del Mes del Orgullo, algo que no ha pasado desapercibido.
Desde el PP, Jaime Miguel de los Santos afirmó que “defender los derechos LGTBI es defender los derechos de toda la sociedad”, aunque acusó a la izquierda de levantar “muros ideológicos”. Vox, único partido en contra, calificó la ley de “aberración jurídica” y denunció que vulnera la libertad de pensamiento y religiosa.
¿Un avance legal suficiente?
La tramitación de esta ley es, sin duda, un paso significativo. Pero deja preguntas abiertas: ¿qué mecanismos concretos se aplicarán para identificar estas prácticas, a menudo encubiertas? ¿Cómo se protegerá a les menores en entornos familiares o religiosos? ¿Habrá reparación efectiva para las víctimas que ya han sufrido estos abusos?
También preocupa la posible dificultad probatoria. Muchas de estas “terapias” se presentan como asesoramiento espiritual, coaching o ayuda médica, lo que puede dificultar su tipificación penal. Además, la falta de formación en diversidad dentro del sistema judicial y sanitario sigue siendo una barrera estructural.
La futura ley contra las terapias de conversión marca una dirección clara: la diversidad no se cura porque no es una enfermedad. Pero aún queda camino por recorrer para asegurar que nadie, bajo ningún pretexto, tenga que negar quién es. Ni hoy, ni nunca.
