La abstención del PP desbloquea la tramitación parlamentaria de una norma largamente esperada por el colectivo, con especial atención al medio rural
Las Cortes de Castilla y León han dado este miércoles un primer paso para dotarse de una ley LGTBIQ+ autonómica. Lo han hecho tras años de aplazamientos, con la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista, y gracias a una abstención clave del Partido Popular. A pesar de que Vox y dos exprocuradores expulsados del mismo partido votaron en contra, el texto superó el trámite de toma en consideración.
El contenido de la propuesta no es menor: 76 artículos que buscan adaptar la legislación estatal a la realidad autonómica, con un foco claro en el medio rural, donde muchas veces las personas LGTBIQ+ enfrentan una doble discriminación. Uno de los conceptos clave que introduce el texto es el del «sexilio», el exilio obligado de personas del colectivo que se ven forzadas a abandonar su tierra natal por miedo, rechazo o falta de oportunidades.
¿Qué propone la futura ley LGTBIQ+ de Castilla y León?
- Atención integral en sanidad, especialmente en temas de intersexualidad y transición de género, con protocolos específicos y formación para el personal sanitario.
- Programas educativos que incluyan diversidad afectivo-sexual, dirigidos tanto a estudiantes como a sus familias.
- Protección laboral, asegurando que nadie deba ocultar su identidad o enfrentarse a discriminación en su lugar de trabajo.
- Medidas culturales y mediáticas que fomenten la visibilidad y el respeto.
- Sanciones para quienes vulneren los derechos recogidos, con un régimen que tiene en cuenta la gravedad de la agresión y el impacto sobre la víctima.
Una comunidad autónoma sin ley… hasta ahora
Castilla y León era, hasta este movimiento, la única comunidad autónoma sin legislación propia en materia LGTBIQ+. La activista Marina Echevarría, presente en las Cortes, celebró la noticia con cautela: «Es un paso necesario, pero no podemos permitir que se quede estancado». También alertó sobre el riesgo de que el proceso se dilate por el calendario político o se paralice por intereses partidistas.
El PP, ni sí ni no
La posición del Partido Popular ha sido tibia. Aunque no bloqueó el avance, su abstención vino acompañada de críticas. Según su procuradora Noemí Rojo, la ley «no amplía derechos» y podría generar inseguridad jurídica. Aun así, aseguró que su grupo no está en contra del texto y abogó por “una legislación con rigor”.
Vox y la narrativa del “adoctrinamiento”
Como era previsible, Vox votó en contra. El procurador José Antonio Palomo calificó la iniciativa como un acto de “adoctrinamiento institucional” desde la “ideología de género”. Aseguró que no se trata de buscar igualdad, sino de imponer privilegios, y defendió la libertad individual “sin etiquetas”. Esta narrativa, que intenta desligar los derechos del colectivo de las realidades sociales que los motivan, ignora la discriminación estructural que la propia ley trata de corregir.
Una anomalía democrática… ¿en vías de resolverse?
Desde otros grupos como Unidas Podemos, Por Ávila o Soria Ya se ha apoyado la propuesta, señalando la necesidad urgente de esta norma y denunciando que Castilla y León siga a la cola en derechos. El procurador Pablo Fernández habló de “anomalía democrática” y pidió no desaprovechar más tiempo.
Pero no todas las voces están satisfechas. Yolanda Rodríguez, presidenta de Fundación Triángulo en la comunidad, reconoce que este avance “no garantiza que el texto final sea útil ni que llegue con el consenso necesario”. Cuestiona la falta de liderazgo institucional en la elaboración y advierte sobre el riesgo de que se apruebe una ley descafeinada, sin dientes ni presupuesto.
¿Una ley necesaria… o un gesto simbólico?
Aunque la norma promete avances significativos, algunas voces críticas se preguntan si realmente será efectiva. ¿Es una medida profunda o solo una respuesta política para salir del paso? La falta de consenso pleno, las dudas jurídicas expresadas por el PP y la negativa rotunda de Vox podrían dejarla en el limbo. Además, ¿puede una ley sin financiación adecuada transformar la realidad del medio rural o las aulas? La respuesta aún está en el aire, y será el desarrollo práctico de esta ley el que determinará su verdadero impacto.
