Una propuesta del PSOE busca reformar el Código Penal para castigar con mayor dureza prácticas que atentan contra la diversidad sexual
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una nueva Proposición de Ley Orgánica que plantea introducir en el Código Penal penas de prisión para quienes practiquen lo que denominan “falsas terapias de conversión”. Estas intervenciones —con frecuencia encubiertas bajo discursos pseudocientíficos o religiosos— buscan modificar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona.
El objetivo es claro: poner fin a estas prácticas que, a día de hoy, no siempre encuentran una respuesta contundente en los tribunales. Y, al mismo tiempo, enviar un mensaje rotundo desde las instituciones: ninguna forma de violencia contra la diversidad será tolerada.
¿Qué cambia con esta propuesta?
De aprobarse, la reforma implicaría cambios significativos:
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Prisión de 6 meses a 2 años para quien aplique métodos de conversión —psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra índole— dirigidos a negar, reprimir o eliminar la orientación o identidad de género de una persona.
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Agravantes si la víctima es menor de edad, si se usa la violencia o una posición de poder, si hay ánimo de lucro o si el agresor forma parte de una organización.
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Inhabilitación profesional para trabajar en entornos educativos, deportivos o de tiempo libre entre 3 y 5 años más allá del tiempo de prisión, especialmente si hay menores implicades.
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Sanciones para personas jurídicas, incluyendo multas, disolución de entidades o prohibición de recibir ayudas públicas.
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Más allá del castigo: un posicionamiento político
Víctor Gutiérrez, secretario LGTBI del PSOE y portavoz adjunto de Deportes en el Congreso, ha sido contundente: “Estas aberrantes prácticas son una forma de tortura y de violencia inaceptables en nuestra democracia”. Para él, esta iniciativa responde a un compromiso adquirido con la ciudadanía y, especialmente, con el colectivo LGTBIQ+: “Fuimos el único partido que incluyó en su programa electoral la criminalización de estas terapias”, ha recordado.
La propuesta también supone un paso más en la protección jurídica del derecho a ser, a expresarse y a amar sin ser objeto de coacción ni patologización.
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Un debate que no está cerrado
Sin embargo, no todes ven con buenos ojos esta reforma. Algunos sectores conservadores advierten sobre una posible colisión con la libertad de expresión o con el derecho a la autodeterminación de las personas en contextos religiosos. ¿Podría esta ley, en algún caso, entrar en conflicto con la libertad de creencias o con el ejercicio profesional de psicología en determinadas ramas? ¿Dónde se traza la línea entre intervención terapéutica y vulneración de derechos? Son cuestiones complejas que aún no tienen una respuesta clara y que, sin duda, merecen un debate plural y honesto.
El peso de la reparación
Aunque esta ley no podrá borrar el daño ya infligido a muchas personas que han sido sometidas a estas prácticas, sí puede marcar un antes y un después. Reconocer legalmente que estas «terapias» son una forma de violencia institucionalizada es también reconocer que muchas vidas han sido silenciadas, desfiguradas o fracturadas por un sistema que durante demasiado tiempo miró hacia otro lado.
En este contexto, la propuesta del PSOE no solo es una medida legislativa: es un gesto político y simbólico que interpela a toda la sociedad.
