En la era digital, la libertad de información se ha convertido en un pilar fundamental de nuestras sociedades. Sin embargo, en ciertos rincones del mundo, el simple acto de buscar en internet puede ser un delito grave. Rusia, bajo el yugo de un gobierno cada vez más autoritario, ha implementado una serie de medidas que han transformado la red en un campo minado para sus ciudadanes. ¿Qué significa vivir en un país donde la curiosidad digital es castigada?
Un entramado legal ambiguo y peligroso
Desde el 1 de septiembre, una nueva ley ha entrado en vigor en Rusia, estableciendo un delito inédito: «buscar material manifiestamente extremista y acceder a él». Aunque inicialmente las multas rondaban los 5.000 rublos (unos 53 euros), la historia nos enseña que este tipo de normativas suelen endurecerse con el tiempo. El problema principal reside en la vaguedad de su redacción, un rasgo deliberado que permite a las fuerzas de seguridad aplicarla de forma arbitraria.
Actualmente, el gobierno ruso ha declarado extremistas a más de 5.500 artículos y organizaciones. La lista es alarmante y heterogénea: desde el «movimiento internacional LGTB», que aglutina a toda la comunidad LGTBIQ+, hasta la organización del opositor Alekséi Navalni o Greenpeace. Incluso las redes sociales más populares, como Instagram y Facebook, están en el punto de mira y son consideradas «extremistas». ¿Imaginas un mundo donde tus plataformas de comunicación habituales son ilegales?
La VPN como arma de doble filo y el espionaje gubernamental
Artiom Sheikin, uno de los promotores de esta ley, ha asegurado que el acceso a estas plataformas a través de una VPN no será castigado. No obstante, la realidad es más compleja. Como ha señalado Anísimov, existen dos interpretaciones de la ley: una se limita a artículos concretos, mientras que la otra se extiende a cualquier contenido que «promueva o justifique la actividad extremista». Esta ambigüedad abre la puerta a un uso discrecional por parte de las autoridades.
Según OVD-Info, esta ley es un ejemplo perfecto de la legislación represiva rusa. Aunque no se aplica masivamente, se utiliza en casos puntuales con una severidad que busca intimidar al resto de la población. La prohibición de divulgar servicios VPN no aprobados por Roskomnadzor, el organismo de vigilancia de internet, agrava la situación. Ahora, el uso de VPNs proscritas se considera un agravante en las condenas, dificultando aún más la navegación anónima.
El gobierno ruso no solo persigue, sino que también espía. Las operadoras de telecomunicaciones y las plataformas de servicios rusas están obligadas a proporcionar a las fuerzas de seguridad acceso a las búsquedas de sus ciudadanes. Google Rusia y Yandex ya han sido sancionadas por negarse a colaborar con el FSB en este sentido. Desde este verano, las llamadas de WhatsApp y Telegram están bloqueadas, y ahora, todos los dispositivos deben tener instalado Max, el servicio de mensajería promovido por el gobierno. Esto otorga al Kremlin acceso total a contactos y documentos, convirtiendo cada dispositivo en una potencial herramienta de vigilancia.
La educación como herramienta de adoctrinamiento
La represión no se limita al ámbito digital. El nuevo curso escolar ha traído consigo restricciones en la educación. Se han reducido las horas lectivas de idiomas extranjeros para dar prioridad a los contenidos sobre la invasión de Ucrania y sus supuestas «glorias militares». La asignatura «Conversación sobre lo importante» se ha extendido incluso a los jardines de infancia, donde se enseña a «morir por la patria» y se enaltecen los «valores tradicionales» que Putin dice defender frente a la «decadencia» de Occidente.
Esta situación nos invita a reflexionar: ¿Hasta qué punto puede un gobierno controlar el pensamiento y la información de su ciudadanía? ¿Qué papel juega la educación en la perpetuación de un régimen autoritario? La lucha por la libertad de expresión y el acceso a la información sigue siendo un desafío global, y Rusia es un claro ejemplo de las batallas que aún quedan por librar.
