¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión cuando se trata de derechos humanos?
Arcópoli ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid contra Carla Toscano, concejala del Ayuntamiento de Madrid por el partido ultraderechista VOX. El motivo: unas declaraciones durante el pleno municipal del pasado 24 de junio que, según esta asociación, no solo resultan profundamente ofensivas, sino que podrían constituir incitación al odio contra el colectivo LGTBIQ+.
La denuncia llega en un contexto donde el discurso LGTBIfóbico ha ganado espacio en algunas instituciones, generando una creciente preocupación entre activistas, organizaciones de derechos humanos y gran parte de la ciudadanía.
¿Qué dijo exactamente Carla Toscano?
Las palabras de Toscano no pasaron desapercibidas. Durante su intervención en el pleno, la concejala lanzó acusaciones que han sido calificadas como «gravísimas» por varias entidades. Algunas de las frases que motivaron la denuncia son:
- “La bandera LGTBI representa una ideología destructiva, el adoctrinamiento y la corrupción de menores”.
- “La ideología de género lleva a la pederastia”.
- “Arcópoli se dedica a hablar de sexo a los niños”.
- “Hay que erradicar las políticas LGTBI+ porque son dañinas”.
Declaraciones que, más allá del desacuerdo político, parecen traspasar una frontera: la que separa la crítica legítima del ataque sistemático a un colectivo históricamente vulnerable.
Desde Arcópoli sostienen que este tipo de mensajes van más allá de una simple opinión. “Criminalizan injustamente al colectivo LGTBIQ+ y cruzan los límites constitucionales de la libertad de expresión”, aseguran.
¿Qué medidas ha tomado Arcópoli?
La organización no se ha quedado solo en la denuncia pública. Estas son las acciones concretas que ha puesto en marcha:
- Denuncia ante la Fiscalía por incitación al odio, calumnias e injurias graves contra el colectivo LGTBIQ+.
- Escrito al Defensor del Pueblo solicitando una investigación oficial sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
- Petición formal al Ayuntamiento de Madrid y al grupo municipal de VOX para que sus representantes respeten los principios constitucionales.
- Solicitud de evaluación penal al Ministerio Fiscal por los posibles delitos cometidos desde un cargo público.
- Apoyo de ocho entidades LGTBIQ+ y de derechos humanos, que se han sumado a la denuncia de forma conjunta.
La línea roja de los derechos humanos
“No vamos a dejar pasar ni una”, ha declarado Luis Fernando Rosales, Coordinador General de Arcópoli. “Al fascismo y al discurso de odio de la ultraderecha no se le da ni agua”, sentenció.
Más allá de las palabras duras, el fondo del mensaje es claro: existen límites. Y esos límites, para Arcópoli y muchas otras organizaciones, son los derechos humanos, la dignidad y la igualdad. “No todo vale en nombre de la libertad de expresión”, añadió Rosales.
¿Hay espacio para el odio institucional en democracia?
No es la primera vez que se denuncian discursos similares en el ámbito institucional. Pero este caso plantea una pregunta de fondo: ¿cómo debe actuar la sociedad cuando los ataques vienen desde dentro de las propias instituciones públicas?
Arcópoli recuerda que el discurso de odio no solo afecta al colectivo directamente señalado. También pone en riesgo la cohesión social y los valores democráticos. Cuando normalizamos estos discursos, algo se rompe.
Por eso, la organización ha dejado claro que seguirá utilizando todas las herramientas posibles —jurídicas, políticas y sociales— para frenar el avance del odio. Y para recordar que la defensa de los derechos LGTBIQ+ no es negociable.
¿Hasta cuándo toleraremos el odio como si fuera solo una opinión?
La denuncia contra Carla Toscano abre un nuevo frente en la batalla por los derechos civiles en España. Y plantea un debate necesario: ¿cómo convivimos en una sociedad donde algunos cargos públicos consideran “dañinas” las políticas que protegen a una parte de la población?
La respuesta no es sencilla. Pero sí urgente.
