La Comisión Europea y 17 países piden a Hungría que respete la libertad de reunión tras prohibir una marcha contra la homofobia
La tensión entre la Unión Europea y el Gobierno de Viktor Orbán vuelve a escalar. Esta semana, la Comisión Europea ha reclamado a Hungría que garantice el derecho de sus ciudadanos a manifestarse pacíficamente, tras la reciente prohibición policial de una marcha contra la homofobia y la transfobia. La decisión, fundamentada en la llamada Ley de Propaganda, ha desatado una ola de preocupación en Europa.
El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, fue tajante al llegar al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas: “Los derechos fundamentales deben respetarse siempre. El derecho a la reunión pacífica no puede limitarse arbitrariamente”, declaró. Según McGrath, la Comisión está examinando detalladamente la legalidad de la norma que ha servido de base para el veto.
Una ley polémica y un precedente inquietante
La llamada Ley de Propaganda —aprobada en marzo de 2025 por el Parlamento húngaro, dominado por el partido de Orbán— prohíbe las concentraciones públicas que «promuevan» la homosexualidad o el cambio de sexo, bajo el argumento de “proteger a menores”. Amparándose en esta legislación, las autoridades prohibieron una marcha contra la LGTBIfobia prevista para el 1 de junio, argumentando que atentaba contra la moral pública.
Las consecuencias de participar en actos similares pueden ser severas: hasta 500 euros de multa y la posibilidad de ser identificado mediante reconocimiento facial. No es una ficción distópica; es la realidad legislativa en la Hungría actual.
Europa responde: presión conjunta para frenar el retroceso
España, junto a otros 16 países europeos —entre ellos Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia— ha firmado una declaración conjunta en la que insta a la Comisión Europea a actuar con urgencia y utilizar todas las herramientas legales disponibles para revertir la prohibición. El texto subraya que las medidas adoptadas por Hungría contravienen el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que establece como pilares comunitarios la libertad, la igualdad y los derechos humanos.
En la misma reunión, algunos representantes, como la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, han lamentado que el proceso para sancionar a Hungría lleve más de siete años sin avances reales. El mecanismo del Artículo 7, que podría suspender el derecho a voto del país en la UE, sigue bloqueado por la falta de unanimidad, esta vez por el veto de Eslovaquia.
La posición húngara: negación y justificaciones
Desde Budapest, el Gobierno húngaro insiste en que no existe ninguna prohibición explícita del Orgullo. Janos Boka, ministro húngaro para las relaciones con la UE, ha afirmado que se trata de una mala interpretación del marco legal y constitucional del país. “Espero que este debate permita una comprensión más matizada de nuestra legislación”, comentó.
Pero los hechos contradicen las palabras: la prohibición de la marcha y las multas previstas en la ley sugieren un intento claro de invisibilizar a la comunidad LGTBIQ+.
¿Hacia un modelo ruso en Europa?
La situación se vuelve aún más preocupante cuando se observan las nuevas iniciativas legislativas en marcha. Orbán y su partido barajan una propuesta para crear un registro de ONG que, según su visión, amenazan la soberanía nacional con financiación extranjera. La idea recuerda peligrosamente a la ley de “agentes extranjeros” impulsada por Putin en Rusia, que ha servido para asfixiar a la sociedad civil durante más de una década.
No es solo un ataque contra los derechos LGTBIQ+; es un ataque contra toda forma de disidencia y organización ciudadana.
¿Dónde queda la libertad en la Europa del siglo XXI?
Aunque la Comisión Europea ha anunciado que seguirá vigilando de cerca los pasos del Gobierno húngaro, la respuesta institucional parece no estar a la altura de la gravedad del momento. ¿Cuánto más puede aguantar el proyecto europeo sin actuar con contundencia frente a quienes socavan sus principios? ¿Y qué mensaje se está enviando al resto del mundo cuando un país miembro puede restringir derechos fundamentales sin consecuencias reales?
Una grieta en la unidad europea
Resulta inevitable preguntarse si la respuesta de Bruselas será suficiente o si, una vez más, las declaraciones se quedarán en papel mojado. La defensa de los derechos humanos no debería ser negociable, pero el lento avance del expediente contra Hungría sugiere que los equilibrios políticos pesan más que los valores compartidos. ¿Puede la Unión permitirse mirar hacia otro lado?
