- La Cámara Alta ratifica el proyecto de ley que establece sanciones por la promoción de la homosexualidad y la reasignación de género.
- La normativa contempla multas económicas, trabajos comunitarios y arrestos administrativos de hasta 15 días.
- Organizaciones de derechos humanos advierten de un deterioro de las libertades civiles en el país tras la aprobación de esta medida.
El marco legal de Bielorrusia ha experimentado un cambio significativo tras la aprobación parlamentaria de una nueva ley que restringe la libertad de expresión en materia de diversidad sexual. El Consejo de la República, la cámara alta del Parlamento, ha ratificado esta semana el proyecto de ley que introduce penalizaciones para lo que las autoridades califican como «promoción de la homosexualidad, el cambio de género y la pedofilia», unificando conceptos de distinta naturaleza bajo un mismo paraguas punitivo.
Detalles de la nueva normativa y sanciones
La nueva ley LGTBIQ+ de Bielorrusia establece un régimen de sanciones administrativas para quienes sean acusados de difundir o promover este tipo de contenidos. Según el texto aprobado, las infracciones podrán castigarse con multas económicas considerables, la prestación de servicios a la comunidad o incluso el arresto administrativo por un periodo de hasta 15 días.
Esta legislación, que ahora solo requiere la firma del presidente Alexander Lukashenko para entrar en vigor, se produce en un contexto de creciente presión sobre el activismo social en el país. Aunque la homosexualidad fue despenalizada en Bielorrusia en 1994, el Estado no reconoce ningún tipo de unión entre personas del mismo sexo ni ofrece protecciones legales específicas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Preocupación por los derechos fundamentales
Diversas ONG y organismos internacionales han expresado su inquietud ante lo que consideran un paso atrás en la protección de los derechos fundamentales. La nueva ley LGTBIQ+ de Bielorrusia podría suponer, según los expertos, un obstáculo añadido para el acceso a la atención sanitaria de las personas trans y un marco legal que facilite el cierre definitivo de las escasas plataformas de apoyo que aún operaban de forma discreta en la capital.
Activistas locales han señalado que el entorno para el colectivo se ha vuelto notablemente más complejo en los últimos años, con un aumento de las inspecciones en eventos privados y una vigilancia más estrecha por parte de las agencias de seguridad. Con la ratificación de esta ley, Bielorrusia alinea su política interior con la de otros países de su entorno regional, priorizando una visión restrictiva de los derechos de expresión e identidad frente a los estándares internacionales de igualdad.
