A pesar de los importantes avances legislativos de los últimos años, la inclusión de la diversidad LGTBIQ+ en el ámbito educativo sigue siendo una tarea pendiente en España. Una reciente investigación, fruto de la colaboración entre la Federación Estatal LGTBI+ y la Universidad de Salamanca, saca a la luz esta compleja realidad. Su informe, titulado «Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+«, ofrece un análisis exhaustivo sobre cómo se está integrando la diversidad afectivo-sexual, de género, corporal y familiar en nuestros centros educativos, así como el despliegue de las políticas públicas inclusivas en cada comunidad autónoma.
Este estudio adquiere una relevancia particular tras la aprobación de la Ley 4/2023, la conocida Ley Trans y LGTBI+, que prometía un marco normativo sólido para impulsar la inclusión en las aulas. Sin embargo, como el propio informe advierte con claridad, la promulgación de una ley no es, por sí misma, garantía de su aplicación efectiva. ¿De qué sirve un marco legal si no se traduce en medidas concretas, desde protocolos anti-discriminación hasta la formación del profesorado o campañas de sensibilización dirigidas al alumnado y sus familias? Aquí es donde reside el verdadero desafío y donde las comunidades autónomas muestran un panorama desigual.
La brecha entre el papel y la práctica: Una realidad palpable
El informe desvela que, si bien la mayoría de las comunidades autónomas cuentan con leyes o protocolos para proteger al alumnado LGTBIQ+, su aplicación es, en la práctica, muy dispar. Nos encontramos con una paradoja: una sociedad que avanza en reconocimiento de derechos, pero donde las barreras educativas persisten para ciertos grupos del colectivo.
Los datos de la Encuesta ‘Estado LGTBI+ 2025’ son reveladores en cuanto al nivel educativo alcanzado por las personas LGTBIQ+. Aunque una gran mayoría ha accedido a estudios universitarios (41,9%), y otros han completado Bachillerato o FP superior (25,09%) o secundaria (23,71%), existen desigualdades preocupantes dentro del colectivo. Por ejemplo, casi un 6% de las personas no binarias no ha finalizado sus estudios, y un 21% de los hombres trans no superó la educación primaria.
Como subraya María Rodríguez, responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+, estos datos evidencian que «pese a los avances, persisten barreras educativas significativas para ciertos grupos dentro del colectivo LGTBI+, especialmente para las personas trans y no binarias». ¿Estamos, como sociedad, garantizando las mismas oportunidades educativas para todes? Es una pregunta que nos obliga a la reflexión profunda.Visibilidad, acoso y el papel de las instituciones educativas
La visibilidad en el entorno educativo sigue siendo un punto crítico. Aunque más del 60% de las personas jóvenes LGTBIQ+ se sienten cómodas siendo visibles con sus amistades cercanas, esta cifra cae drásticamente a un 25% en el instituto y un 21% en la universidad.
¿Qué nos dicen estos porcentajes sobre el ambiente de seguridad y aceptación en nuestros centros?
Más alarmante aún es el impacto de la violencia y el acoso. El 21,2% de los incidentes de odio y discriminación hacia el colectivo LGTBIQ+ se producen en el ámbito educativo. Además, más de la mitad de las personas jóvenes ha sufrido acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria. «La familia sigue siendo el principal detector de estas situaciones, mientras que las instituciones educativas aún no responden de manera suficiente», añade Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Esta afirmación nos invita a cuestionar: ¿Están nuestros centros educativos equipados y sensibilizados para detectar y actuar eficazmente ante estas agresiones?
Un mapa autonómico de luces y sombras
El análisis territorial del informe muestra un panorama fragmentado y, en ocasiones, contradictorio. Si en 2020 un estudio previo («Realidad del alumnado trans en el sistema educativo«) situaba a comunidades como Aragón o Cataluña a la cabeza en reconocimiento de derechos, y a otras como Castilla y León o Cantabria en los últimos puestos, cinco años después el escenario ha mutado.
Mientras algunas regiones que antes estaban a la cola, como Castilla-La Mancha, han experimentado avances significativos, otras, como la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia, han sufrido retrocesos en la aplicación de sus propias leyes. Esto, a menudo, condicionado por discursos políticos que van en contra de la igualdad y la diversidad.
Esta disparidad territorial es un claro indicador de que el progreso no solo depende de la existencia de marcos normativos, sino de la voluntad política, la inversión de recursos y la capacidad real de cada comunidad autónoma para transformar la ley en medidas tangibles. «Los marcos legales son necesarios, pero insuficientes. Lo que está en juego no es solo tener protocolos escritos, sino garantizar que en cada centro educativo el alumnado LGTBIQ+ pueda sentirse seguro, respetado y visible», advierte Paula Iglesias.
El informe también señala problemas comunes a nivel nacional, como la falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de evaluación de resultados y una excesiva dependencia de iniciativas individuales o de asociaciones. Los programas de sensibilización, aunque abundantes, a menudo son dispersos, generando experiencias educativas muy diversas entre centros y comunidades.
“La educación en diversidad no puede quedarse en buenas intenciones ni en documentos. Necesitamos que cada centro educativo aplique medidas concretas, que los equipos docentes estén preparados y que el alumnado LGTBIQ+ se sienta seguro y acompañado cada día”, enfatiza Iglesias. «Es imprescindible que las comunidades autónomas pasen de la teoría a la práctica y que exista un seguimiento real de los protocolos, porque sin evaluación no hay mejora posible. La igualdad educativa requiere compromiso institucional, recursos y responsabilidad compartida”.
El camino hacia la igualdad educativa: De los protocolos a la acción
Entre las recomendaciones más urgentes del estudio, se insiste en la necesidad de:
- Planes integrales de educación inclusiva.
- Protocolos claros y eficaces contra el acoso escolar.
- Programas de formación continuada para docentes y familias.
Hemos avanzado mucho en el terreno legislativo, es cierto. Pero la verdadera igualdad educativa solo se logrará cuando cada normativa se traduzca en prácticas efectivas en cada aula, en cada patio, en cada campus universitario. Este informe no es solo una radiografía; es una llamada de atención, una urgencia para que pasemos de los protocolos a la acción real y, sobre todo, evaluable. ¿Estamos realmente dispuestes a asumir ese compromiso? El futuro de la educación en diversidad LGTBIQ+ depende de ello.
