Andry Hernández, estilista LGTBIQ+ venezolano deportado por error y encarcelado en El Salvador

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¿Puede un tatuaje, una identidad diversa y un país de origen convertirse en condena? Para Andry José Hernández Romero, un estilista venezolano de 31 años y miembro visible de la comunidad LGTBIQ+, la respuesta parece ser sí. Su historia ha conmocionado tanto por lo que representa como por lo que revela: un sistema migratorio que discrimina por apariencia, identidad y procedencia.

Un sueño truncado por sospechas infundadas

El 23 de mayo de 2024, Andry emprendió su viaje a Estados Unidos con la esperanza de encontrar un futuro mejor. El 29 de agosto, al presentarse a su cita en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en California mediante el sistema CBP ONE, fue detenido bajo sospechas de pertenecer a una banda criminal.

Las autoridades estadounidenses, según declaraciones de su familia, basaron sus sospechas en algo tan subjetivo como sus tatuajes. En concreto, una corona en sus muñecas, símbolo de la fundación cultural Reyes Magos de Capacho, de la que forma parte desde pequeño. A pesar de presentar pruebas de su inocencia —partida de nacimiento, carta de buena conducta, fotografías laborales— nunca fue liberado.

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Un traslado silencioso y una noticia devastadora

El 14 de marzo de 2025, Andry logró comunicarse brevemente con su madre, Alexis Romero de Hernández. Le dijo que sería deportado y trasladado a otro centro. Después, silencio total. Su familia y abogados perdieron todo contacto hasta el 20 de marzo, cuando CBS News publicó un listado de 238 migrantes venezolanos deportados a El Salvador y recluidos en el polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

“Nos enteramos por la abogada en EE.UU., que tampoco sabía dónde estaba”, explicó su madre al diario El Nacional.

Identidad, arte y resiliencia: ¿quién es Andry Hernández?

Andry nació en el municipio Capacho, estado Táchira (Venezuela). Desde niño estuvo vinculado al arte y la cultura: participó en obras de teatro comunitarias y formó parte activa de la agrupación Gente Creativa. Como estilista y maquillador profesional, trabajó en Caracas y en 2022 colaboró en la serie transmedia Pombo Magazine, reconocida por su narrativa inclusiva.

Además de artista, Andry es abiertamente parte de la comunidad LGTBIQ+. Y eso también importa. Porque su historia está atravesada por múltiples formas de discriminación: por ser migrante, venezolano, visible en su expresión de género y con tatuajes. Todo eso se convirtió, para las autoridades, en una señal de alarma.

¿Un tatuaje o un prejuicio?

La corona tatuada en sus muñecas —símbolo cultural de Reyes Magos de Capacho— fue interpretada como prueba de afiliación al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana declarada terrorista por la administración Trump. “Durante el proceso, les pidieron justificar ese símbolo, ignorando su verdadero significado”, contó su madre.

Y aquí surge una pregunta que incomoda: ¿hasta qué punto las autoridades migratorias interpretan símbolos, cuerpos e identidades desde el prejuicio?

Un proceso que despierta dudas

El presidente Donald Trump defendió la deportación masiva, asegurando que los 238 migrantes habían sido “examinados rigurosamente”. Pero para muchas organizaciones de derechos humanos, el caso de Andry representa una posible violación a derechos fundamentales: detención sin pruebas claras, falta de acceso a defensa y discriminación por perfil.

Aunque se alega que el proceso continuará en El Salvador, los estándares de justicia y transparencia en el Cecot —una prisión conocida por su dureza— siguen siendo cuestionados por organismos internacionales.

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¿Estamos deportando identidades?

Detrás del caso de Andry no solo hay una persona injustamente detenida. Hay un patrón preocupante: decisiones basadas en estereotipos y la criminalización de lo diferente. ¿Qué pasa cuando ser LGTBIQ+, tener tatuajes o venir de Venezuela se convierte en una sentencia previa?

Además, cabe preguntarse si esta política migratoria está diseñada realmente para proteger a la sociedad o más bien para aplicar castigos selectivos a quienes ya enfrentan múltiples formas de vulnerabilidad.